La devolución a mutualistas y la sentencia del TC sobre Sociedades elevará el déficit dos décimas este año

Los ingresos por los impuestos a la banca y energéticas servirán, en cambio, para reducirlo una décima en 2025

El Banco de España estima que las recientes sentencias sobre el derecho a deducción por parte de algunos mutualistas en el IRPF y sobre la inconstitucionalidad de varios preceptos introducidos en el Real Decreto-Ley de 2016 relativos al Impuesto de Sociedades elevará el déficit de este año dos décimas, de acuerdo con los supuestos fiscales de la autoridad monetaria recogidos en sus nuevas proyecciones macroeconómicas publicadas este martes.

«De forma conjunta, se estima que estas dos decisiones judiciales acarrean nuevas obligaciones de gasto para el Estado que podrían implicar un incremento del déficit de en torno a 0,2 puntos porcentuales de PIB en 2024», reza el informe del Banco de España.

Con todo, el organismo ha mejorado sus últimas previsiones respecto al déficit público de este año, que ahora sitúa en el 3,3% del PIB, dos décimas menos que en la estimación anterior, aunque aún por encima del 3% que calcula el Gobierno para 2024.

En cambio, el Banco de España no ha incorporado a sus últimas proyecciones sobre la senda de déficit la sentencia del pasado 30 de mayo, conocida con posterioridad a la fecha de cierre de estas previsiones, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se establece la incompatibilidad con la normativa europea del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos –vigente entre 2013 y 2018–, lo que podría dar lugar a nuevas obligaciones de gasto por parte de las administraciones públicas y, por tanto, a un aumento adicional del déficit.

Por el contrario, otras medidas incorporadas por el Banco de España en estas previsiones apuntan a una rebaja del déficit, como es el caso de la extensión de las medidas transitorias de ingresos relacionadas con los gravámenes temporales a las empresas energéticas y entidades financieras hasta 2025 que, junto con otros cambios de menor magnitud, supondrán una reducción del déficit de una décima en 2025.

Sin embargo, aportarán una décima más de déficit en 2026 ya que, entre otros cambios, se incluye la suspensión, a partir de 2025, de las contribuciones ordinarias al Fondo de Garantía de Depósitos (entidad perteneciente a las Administraciones Públicas) como consecuencia de la superación en este año del tamaño objetivo del Fondo establecido por ley.

Asimismo, el Banco de España precisa que la conversión en permanentes de dichos gravámenes sigue estando sujeta a un «elevado grado de incertidumbre» y no se dispone de suficiente información al respecto, por lo que no se incluye dicha conversión en las actuales proyecciones.

Para 2025 y 2026, el organismo recorta en cuatro décimas la proyección de déficit para 2025, al 3,1%, y lo sitúa en el 3,2% en 2025 –frente al 3,5% de la anterior previsión–, lo que dejaría a España en situación de incumplimiento frente a las reglas fiscales marcadas por Bruselas que exige bajarlo del 3%.

Respecto a la senda esperada de gasto financiado con los fondos europeos del programa Next Generation EU (NGEU) y, en particular, con su instrumento principal, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Banco de España mantiene inalteradas sus estimaciones respecto en relación a las proyecciones del mes de marzo.

IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

En concreto, las actuales proyecciones contemplan que el gasto asociado a estos fondos, tras haberse situado en el 0,2% y en el 0,4% del PIB en 2021 y 2022, respectivamente, se habría incrementado hasta el 0,7% en 2023 y continuará aumentando en 2024 hasta situarse alrededor del 1% del PIB, cifra en torno a la que se estabilizará a lo largo del resto del horizonte de proyección.

Todo ello sería coherente, asegura, con el hecho de que el impacto máximo del programa NGEU sobre el nivel de PIB de la economía española se materializaría en los años 2025 y 2026.

En conjunto, el tono esperado de la política fiscal en 2024 sería «ligeramente contractivo» y, sin embargo, en 2025 y 2026 la orientación presupuestaria se tornaría aproximadamente «neutral». A este respecto, el organismo indica que es importante tener presente que la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, en vigor desde el pasado 30 de abril, implicará la necesidad de un «tono contractivo» de la política fiscal española a partir de 2025, que no está incorporado en este ejercicio de proyecciones.