La deuda pública de Cantabria sube a 3.509 millones en el segundo trimestre, el 26,1% del PIB

En España marca máximo al rozar los 1,3 billones en el segundo trimestre y alcanza el 110,1% del PIB

La deuda pública de Cantabria ha alcanzado en el segundo trimestre del año un total de 3.509 millones de euros, 70 millones más que en el primer trimestre, y equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), porcentaje similar al de la media de las comunidades autónomas, según los últimos datos publicados hoy por el Banco de España.

Los mismos datos, recopilados por Europa Press y marcados por la crisis del Covid-19, revelan que la deuda en Cantabria ha crecido un 2 por ciento en comparación con el primer trimestre del año y casi un 10,4% en comparación con el segundo trimestre de 2019.

En términos de PIB, la deuda de Cantabria ha subido 1,9 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre y 3,5 puntos en relación con el segundo trimestre del año pasado.

Cantabria es la segunda comunidad autónoma con una deuda más baja en términos absolutos tras La Rioja (1.690 millones), pero la sexta con mayor proporción de deuda respecto al PIB.

Dentro de las comunidades autónomas, la deuda se elevó en términos absolutos en todas las regiones respecto al trimestre anterior salvo en Aragón y Extremadura.

Concretamente, Cataluña (80.015 millones de euros), Comunidad Valenciana (49.977 millones), Andalucía (35.483 millones) y Madrid (35.646 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.509 millones), Castilla y León (12.967 millones), Galicia (11.971 millones), País Vasco (10.497 millones), Murcia (10.376 millones) e Islas Baleares (9.329 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.723 millones), Canarias (6.498 millones), Asturias (4.976 millones), Extremadura (4.896 millones), Navarra (3.629 millones), Cantabria (3.509 millones) y La Rioja (1.690 millones).

No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 46%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 38,7%, y Cataluña, con el 35,9%.

Les siguen Murcia (33,8%), Baleares (29,4%), Cantabria (26,1%), Extremadura (25,2%), Aragón (24,1%), Castilla y León (23,2%), Andalucía (22,7%), La Rioja (20,4%), Asturias (2,1%), Galicia (19,6%) y Navarra (18,1%).

De su lado, la Comunidad de Madrid (15,8%), País Vasco (14,9%) y Canarias (14,6%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 4.397 millones de euros entre abril y junio, 20 millones más que el trimestre previo, al tiempo que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la situaron en 731 millones, 4 millones menos, en tanto que la del resto de capitales subió a 2.527 millones, 49 millones más.

LA DEUDA PÚBLICA MARCA EL MÁXIMO

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico de 1.290.657 millones de euros, alcanzando el 98,9% del PIB, por lo que aumentó en términos absolutos un 5,4% respecto al trimestre anterior, con 66.088 millones de euros más como consecuencia de la crisis del Covid-19, y se incrementó un 6,9% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 83.223 millones más.

De esta forma, la deuda pública marcó su máximo histórico en el segundo trimestre, afectado hasta el 21 de junio por las distintas medidas de restricción de movilidad derivadas del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19.

En consecuencia, la ratio de deuda pública sobre PIB escaló al 110,1%%, lo que supone 11,1 puntos porcentuales más respecto a la ratio del primer trimestre (99%), y representa también el nivel histórico más alto. A nivel interanual la ratio de deuda pública se eleva 11,7 puntos porcentuales.

Para este año el Gobierno augura una ratio de deuda pública del 115,5% del PIB como consecuencia del PIB, aunque previsiblemente se revisará al alza en el nuevo cuadro macroeconómico, una vez que el Tesoro ya revisó en mayo su programa de financiación elevando sus previsiones de emisiones en 100.000 millones ante las mayores necesidades.

Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de abril y junio de este año, registrando máximos históricos, salvo en el caso de las corporaciones locales.

Así, la deuda del Estado subió en el segundo trimestre a 1.158.811 millones de euros, un 5,8% más que en el trimestre anterior y un 8% más interanual, lo que representa el 98,9% del PIB, con un alza de 10,4 puntos porcentuales intertrimestrales y de 11,5 puntos interanual, marcando su mayor ratio de la historia.

Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 2,5% intertrimestral y un 1,7% interanual, hasta los 305.689 millones de euros en el segundo trimestre, su mayor cota histórica, equivalente al 26,1% del PIB, dos puntos porcentuales más que el primer trimestre.

A su vez, las corporaciones locales elevaron un 9,1% su deuda en el segundo trimestre, hasta los 24.967 millones de euros, pero un 5% menos interanual, por lo que en este caso no se registró un máximo histórico. La cifra representa el 2,1% del PIB, una ratio tres décimas superior a la del primer trimestre pero igual a la de hace un año.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social escaló hasta los 68.855 millones de euros, por lo que marcó su récord histórico al crecer un 25,1%, sumando 13.830 millones de euros más en el trimestre, y registrando un alza del 41,4%, añadiendo 20.162 millones en un año. La ratio sobre PIB es del 5,9%, 1,5 puntos porcentuales más que entre enero y marzo y 1,9 puntos más respecto a hace un año.

Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad con carácter mensual de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario.

Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector administraciones públicas, explica el Banco de España. A ello se suman las numerosas medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.