La deuda media por impago de alquiler sube a los 4.000 euros en 2025 y se dilatan los tiempos de resolución
SEAG amplía su garantía de defensa jurídica a pisos turísticos, segundas residencias y viviendas vacías o en venta
El mercado del alquiler en España cierra el ejercicio 2025 bajo un clima de creciente conflictividad y presión financiera para los propietarios. Según los últimos datos del sector, la morosidad media alcanzó los 4.000 euros por expediente el pasado año, registrándose casos extremos con deudas de hasta 49.500 euros, una cifra que refleja la vulnerabilidad de los arrendadores ante el impago.
A esta escalada de la morosidad se suma la dilatación de los tiempos de resolución. El periodo promedio para solventar incidencias por vías extrajudiciales se sitúa ya en los 6 meses, mientras que, en los casos que derivan en procesos de desahucio, el tiempo de espera para los propietarios asciende hasta los 14 meses de media.
Ante este escenario de transformación del panorama inmobiliario, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha anunciado la ampliación de su Garantía de Defensa Jurídica a tres ámbitos que hasta ahora carecían de cobertura específica: pisos turísticos, segundas residencias e inmuebles vacíos o en venta.
El CEO de SEAG, Pedro Bretón explica que esta decisión responde al aumento de conflictos legales vinculados al uso de la vivienda. «Este tipo de propiedades, al no encajar en los modelos tradicionales de seguro de alquiler, han quedado históricamente desprotegidas», señala el directivo, destacando la necesidad de cubrir los riesgos derivados de la alta rotación y el uso de los inmuebles.
EL IMPACTO DE LA OCUPACIÓN EN VIVIENDAS EN VENTA
El problema no solo afecta al alquiler tradicional. Según datos de Idealista, en septiembre de 2025 se contabilizaron 23.010 viviendas ocupadas en proceso de venta, lo que representa casi el 3% del mercado total, frente al 2,6% registrado el año anterior.
Esta situación obliga a muchos propietarios a comercializar sus activos en situación de ocupación, asumiendo importantes costes legales y retrasos.
Asimismo, el incremento de las viviendas de uso turístico -que en 2024 superaron las 351.000 unidades- y la vulnerabilidad de las segundas residencias frente a actos vandálicos y ocupaciones ilegales han acentuado la demanda de protección jurídica ilimitada y mediación profesional.
Con la incorporación de estos nuevos segmentos, la nueva garantía busca cubrir un vacío estructural en el mercado, ofreciendo representación ante tribunales y cobertura específica en casos de impago y daños para adaptarse a la actual realidad de la propiedad en España.
