La demanda de gas licuado del petróleo canalizado disminuyó un 6,5% en 2022 y su precio regulado cayó un 4%
Nedgia (Naturgy) fue el grupo con mayor cuota de ventas (un 43,8%), seguido de Redexis (22,2%), Nortegas (16,8%) y Madrileña (7,2%)
La demanda de gas licuado del petróleo (GLP) por canalización cayó el año pasado hasta 170.244 toneladas (equivalentes a 2.356 GWh), un 6,5% inferior a la de 2021, según el último informe de supervisión del mercado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Asimismo, el número de clientes en el suministro regulado de GLP canalizado fue de 410.255 a finales de 2022, lo que supone 26.315 menos que en el año anterior.
Durante 2022, se reactivó la transformación de redes de GLP a gas natural, tras el parón producido por el Covid-19 en 2020 y 2021, según ha señalado el organismo presidido por Cani Fernández.
El suministro de GLP por canalización no está liberalizado y tiene una tarifa regulada (que se aprueba mensualmente). El término variable de la tarifa subió hasta el mes de abril de 2022 y, a partir de este mes, inició una senda descendente, para acabar el año en 97,1189 céntimos de euros por kilogramo, lo supuso un descenso interanual del 4%.
En comparación con la tarifa regulada del gas natural, su precio se mostró más competitivo a partir del último cuatrimestre, según la CNMC.
Por grupos empresariales, Nedgia (Naturgy) fue el grupo con mayor cuota de ventas (un 43,8%), seguido de Redexis (con un 22,2%), Nortegas (con un 16,8%) y Madrileña (con un 7,2%). El resto de las compañías sumaron en conjunto el 10,1% de las ventas en España.
En cuanto al número de clientes, las cuotas de mercado quedaron así:Nedgia (41,8%), Redexis (25,9%) y Nortegas (21,7%). Repsol fue el principal aprovisionador de GLP a las empresas distribuidoras de GLP canalizado.
SANCIONES A EMPRESAS POR 2,8 MILLONES
Asimismo, la CNMC instruyó en 2022 nueve expedientes sancionadores contra empresas del sector de GLP canalizado por aplicar de forma irregular precios, tarifas o peajes regulados. La Dirección General de Política Energética y Minas resolvió los expedientes con sanciones por un valor total de 2,8 millones de euros.
En concreto, estas sanciones se referían a la inclusión en la factura del suministro de GLP canalizado de un importe adicional en concepto de servicio de atención de urgencias (SAU), cuya retribución ya está incluida en la tarifa regulada del suministro.
