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La defensa de un hombre acusado por el TPI de crímenes de guerra en Malí pide el cierre del caso y su liberación

Sostiene que fue torturado a manos de las fuerzas malienses tras su detención en 2017

Los abogados de un hombre acusado de crímenes de guerra y contra la Humanidad por el Tribunal Penal Internacional (TPI) han reclamado este martes el cierre del caso y su liberación inmediata, a dos semanas del inicio del proceso por sus presuntos actos en el norte de Malí, tanto contra la población como contra el patrimonio cultural.

Al Hasán ag Abdulaziz ag Mohamed ag Mahmud, alias Al Hasán , fue detenido en 2017 y ha sido imputado por su papel al frente de la Policía Islámica instaurada en la ciudad de Tombuctú durante 2012 y 2013, cuando las fuerzas yihadistas se hicieron con el control de la revuelta iniciada por los tuareg.

Además, participó en la destrucción de los santuarios sufíes y en los matrimonios forzosos que desembocaron en esclavitud sexual y violaciones de mujeres y niñas, según el pliego de cargos presentado por la Fiscalía del TPI.

La abogada del sospechoso ha señalado que Al Hasán fue torturado tras su detención por parte de la operación francesa Barkhane , que posteriormente le entregó a las autoridades malienses de cara a su traslado a La Haya, según ha recogido la emisora Radio France Internationale.

Así, la defensa ha sostenido que antes de su traslado al TPI el sospechoso fue privado de sueño y alimentos y sufrió diversas torturas, incluido el ahogamiento simulado, también conocido como waterboarding , motivo por el que ha recalcado que sus confesiones no pueden ser consideradas como válidas.

Por otra parte, la abogada ha sostenido que la pandemia de coronavirus y las restricciones impuestas para contener su propagación le han impedido reunirse con su cliente desde marzo, a pesar de que quedan apenas dos semanas para el inicio del juicio.

La Cámara de Antejuicio sostuvo en septiembre de 2019 que «hay base suficiente para creer que Al Hasán es responsable» de crímenes contra la Humanidad «en el contexto de los ataques generalizados y sistemáticos cometidos por los grupos armados Ansar Dine y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) contra la población civil de Tombuctú entre abril de 2012 y enero de 2013».

También le señala por crímenes de guerra cometidos «en el contexto de un conflicto armado de naturaleza no internacional», el que enfrentaba a las tropas malienses con los yihadistas, entre los que menciona torturas, esclavitud sexual, «atrocidades contra la dignidad humana» y ataques deliberados contra lugares religiosos y monumentos.

El TPI inició una investigación en Malí tras una denuncia del Gobierno del país presentada el 13 de julio de 2012. Desde entonces, se ha condenado solamente a una persona, Amad al Faqi al Mahdi, sentenciado a nueve años de prisión por crímenes de guerra y destrucción del patrimonio histórico de Tombuctú. El de Al Hasán será el segundo caso de Malí juzgado por el TPI.

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