La Corte Internacional de Justicia nombra al juez japonés Yuji Iwasawa como nuevo presidente

ICJ – THE HAGUE (Netherlands), 1 February 2012 – Exterieur the International Court of Justice (ICJ), on Wednesday 1 February 2012. Photo: CIJ-ICJ/UN-ONU, Capital Photos/Frank van Beek – Courtesy of the ICJ. All rights reserved. CIJ – LA HAYE (Pays-Bas), 1er février 2012 – Exterieur de la Cour internationale de Justice (CIJ), le mercredi 1er février 2012. Photo: CIJ-ICJ/UN-ONU, Capital Photos/Frank van Beek – Avec l’aimable autorisation de la CIJ. Tous droits réservés.
El juez japonés Yuji Iwasawa ha sido elegido este lunes como nuevo presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para sustituir al magistrado libanés Nawaf Salam, quien dimitió a mediados de enero tras menos de un año en el cargo para encabezar el Gobierno de su país, inmerso en una remodelación política.
Así lo ha anunciado la CIJ en un comunicado en el que añaden que, de acuerdo con el Artículo 14 de las Normas de la Corte, el mandato de Iwasawa expirará a comienzos de febrero de 2027, fecha hasta la que había sido elegido el juez Salam, pues el nombramiento se da para cubrir la vacante que dejó abierta el libanés.
Los nombramientos se producen en un momento en el que el papel de la CIJ ha cobrado especial relevancia debido a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza.
El tribunal también ha Israel a tomar «todas las medidas» para proteger a la población palestina y ha denunciado que la política de asentamientos es contraria al Derecho Internacional.