La Conferencia Episcopal destaca la necesidad de consultar a la «gente sencilla» las reformas electorales
El presidente de la Conferencia Episcopal nicaragüense, Leopoldo Brenes, ha expresado este lunes que espera que la gente «sencilla» sea consultada a la hora de llevar a cabo reformas electorales en el país, que se encuentra sumido en una crisis política desde 2018.
El arzobispo de Managua, la capital del país, ha valorado positivamente las reformas y ha señalado que «ya en 2014 la Conferencia Episcopal hablaba de unas reformas del Consejo Supremo Electoral para crear un ambiente de confianza».
En este sentido, ha manifestado que, de darse estas reformas, es necesario consultar a la «gente sencilla», no solo a los «intelectuales y grandes hombres». «Ojalá se haga una consulta a los hombres de a pie. La gente sencilla con su manera de hablar tendrá algo que decir y que no solamente se quede en los intelectuales», ha afirmado.
En relación con la situación de los presos políticos en Nicaragua, Brenes ha insistido en la necesidad de exigir su puesta en libertad. «La gota de agua no rompe la piedra por la fuerza sino por la constancia. Hay que seguir haciendo las solicitudes para que estas personas que están detenidas por cargos políticos puedan salir de las cárceles», ha aclarado.
Así, ha hecho un llamamiento al cese del asedio contra los excarcelados políticos y la población en general. Tal y como ha subrayado, «los nicaragüenses son una sola familia».
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha mediado en diversas ocasiones en un diálogo nacional cuyo objetivo era acabar con la violencia desatada a raíz de las protestas que comenzaron en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social pero crecieron rápidamente hasta reclamar la «democratización» del país.
Más de 300 personas murieron por la represión de militares y policías. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendó procesar al presidente, Daniel Ortega, por delitos de lesa humanidad.
La ola de violencia ha golpeado la economía del país, donde algunos de sus funcionarios –incluyendo la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo– han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros.
