La comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid retoma hoy las sesiones llamando al hermano de Ignacio González

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política retomará este viernes las sesiones, tras dos meses de parón por las vacaciones navideñas parlamentarias, citando a Pablo González, hermano del expresidente regional Ignacio González, por la pieza separada del campo de golf del Canal de Isabel II incluida por el juez que investiga el caso de corrupción Lezo.

Aunque Ignacio González está considerado como uno de los puntales de la trama, su hermano también estuvo con él en la cárcel varios mes pro delitos de corrupción. El padre de ambos también están también investigado en el caso, por presunto blanqueo de capitales. Alejada de las acusaciones ha quedado la hermana del expresidente, Isabel González, que es la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.

Además de Pablo González, también están llamados a comparecer en la comisión de mañana María Belén Benito, subdirectora de Ingeniería y Construcción del Canal Isabel II en 2006 y miembro de la mesa de contratación constituida el 10 de octubre de 2006.

También ha sido llamado Fernando Manuel Serrano Fuentes, socio de la empresa Tecnoconcret, empresa que consiguió la adjudicación por cinco años de la gestión del campo de golf de Chamberí, declarado ilegal por la Justicia y cuyas labores de demolición están avanzado ya desde hace una semana.

Asimismo, intervendrá en la comisión de investigación Carmen Ochoa, portavoz de la Asociación Parque Sí en Chamberí , promotora de las protestas contra dicho campo y que llevó a la Justicia las supuestas irregularidades en su construcción como las supuestas connivencias la adjudicación de su gestión.

De esta manera, la comisión retoma sus sesiones después de varias semanas de polémicas. Tras las navidades, el Grupo Parlamentario Popular anunció que se retiraba de dicho órgano porque, en palabras de su portavoz Enrique Ossorio, allí «se confunde de manera deliberada la tensión de un debate parlamentario con el insulto, la descalificación y el acoso», lo que ha provocado que las sesiones se conviertan en un escenario «para el trato inquisitorial y el linchamiento político».

Poco después, salió a la luz la existencia de una providencia fechada en agosto en la que un juez autorizaba a la Comunidad a facilitar las actas del Canal de Isabel II a la oposición, algo a lo que se había negado alegando que estaban bajo investigación judicial. El Gobierno regional argumentó que «traspapeló» dicha providencia.

La oposición criticó duramente lo ocurrido y propuso que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, diera explicaciones el día 2 de febrero de dicho asunto en la comisión, lo que inició una batalla de argumentos jurídicos, administrativos y políticos a favor y en contra de dicha comparecencia. Hace dos semanas el juez caso Lezo aclaró en un auto que la Comunidad no tenía que enviar dichas actas a los grupos políticos.

Finalmente, decayó la comparecencia de Cifuentes en dicha comisión, tras unir sus votos en contra PP y Cs. Sin embargo, el portavoz adjunto de este último partido, César Zafra, registró el propio día 2 un conjunto de peticiones de comparecencia pero en la comisión de Presidencia de los que considera implicados en dicho «traspapeleo».

Esta intensa polémica se suma a la de esta semana, protagonizada por el exsecretario del PP madrileño y exconsejero de Justicia, Francisco Granados, que señaló tras declarar ante el juez del caso de corrupción Púnica que Cifuentes mantuvo una relación sentimental con su antecesor, Ignacio González, situándola en el «núcleo de poder» de éste y, por tanto, conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

EL JUEZ DEL CASO LEZO INVESTIGA

En un auto del juez que llevaba inicialmente el caso Lezo, Eloy Velasco, que decretó la prisión provisional para los hermanos González, apunta que el expresidente de la Comunidad de Madrid intercedió para que el Gobierno regional aprobara el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.

El magistrado señaló que González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al Gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del Ejecutivo regional en ese momento.

El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.

Además, conocidas las implicaciones del hermano del expresidente en la UTE adjudicataria de la concesión, el juez señaló que existió un «riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares».

Asimismo, precisa que a pesar de desvincularse «formalmente» del consorcio, Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González.

De manera paralela a los ingresos, se detectaron «importantes movimientos de dinero en efectivo» en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes.

LA ADJUDICATORIA DEL CAMPO DE GOLF NO FUE LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA

La adjudicataria del campo del golf, constituida como Green Canal Golf, estaba formada por la UTE compuesta por Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, participada por José Juan Caballero y por su cuñado Pablo González, hermano del expresidente autonómico.

En las actas del Canal de la controversia, a las que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que a la gestión de dichas instalaciones, que también incluían campo de fútbol, pistas de pádel y cafetería, se presentaron diez proyectos, entre los que destacaban dos de ellos. Uno era el de About Golf, que presentaba la mejor oferta económica, 5,5 millones de euros en cinco años, cuando el mínimo de puja inicial era de 1,5 millones. El resto de las empresas ofrecían menos dinero.

Pero en esta adjudicación, a diferencia de otras, no primaba la oferta económica. Había una oferta técnica más subjetiva en la que entraba una valoración económico-financiara (PEF), de la planificación y calidad del proyecto (PC), del equipo humano asignado (EH), de los medios ténico-deportivos (MT) y de otras propuestas complentarias (PC).

El proyecto de About consiguió el máximo, 30 puntos, en la oferta económica, pero 10 en el PEF, 16,67 en el PC, 10 en el EH, 8,33 en el MET y 5 en el PC, logrando un total de 80 puntos. En cambio, la UTE logró 18,87 puntos en la parte de la oferta económica y luego 15 en el PEF, 16,67 en el PC, 12,5 en el EH, 10 en el MT y 10 en el PC, logrando un total de 82,54 puntos, que le hicieron ganador del concurso.

El responsable en este asunto del Canal entendía que la oferta técnica ganadora «era muy satisfactoria tanto por la precisión y detalle del Plan Económico-Financiero y el Estudio de Viabilidad, como por la calidad del proyecto de explotación de las instalaciones y de los medios técnicos y equipo humano comprometido», mientras que en la otra sólo señalaban que era «una oferta de alta calidad en lo relativo al programa de gestión y explotación en las instalaciones».