La CNMC reducirá plazos en conflictos de impagos de servicios de interconexión de redes de telecos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la comunicación con las directrices para resolver conflictos en materia de impagos de servicios mayoristas de acceso a redes, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados. Este documento, que fue sometido a consulta pública a principios de año, proporciona un marco claro y transparente para la resolución de estos conflictos.
Uno de los objetivos de la CNMC es reducir los plazos de tramitación de este tipo de procedimientos de conflicto por impagos, para ello se emite una guía de criterios de actuación a seguir por los operadores y este organismo,
La guía define el ámbito de actuación (a qué empresas se dirige esta comunicación), acota los contratos de servicios mayoristas (qué naturaleza y regulación, en su caso, tienen los contratos de acceso e interconexión a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y que aspectos es conveniente tener en consideración en su celebración en el ámbito al que se dirige la comunicación) y los tipos de conflictos de impagos (qué disputas pueden surgir en el contexto del impago de servicios mayoristas de acceso e interconexión).
Asimismo, establece el procedimiento seguido para la resolución de conflictos (cómo la CNMC puede intervenir y resolver estos conflictos de forma ágil con la colaboración de los operadores implicados).
Desde 2015 hasta la fecha, la CNMC ha aprobado 33 resoluciones sobre conflictos de este tipo.
Esta comunicación forma parte de los objetivos del Plan de Actuaciones 2021-2022 de la CNMC para incrementar la eficiencia en la actuación del organismo y agilizar la intervención en estos casos.
Además, en línea con el objetivo principal de la CNMC, que es fomentar la competencia efectiva en los mercados de comunicaciones electrónicas, estas directrices buscan equilibrar los intereses de todas las partes implicadas. Al mismo tiempo, aseguran que los servicios sean interoperables y protegen los derechos de los usuarios finales del operador afectado, como, por ejemplo, poder cambiar de operador antes de que puedan ver cortados los servicios de telefonía y acceso a Internet contratados, entre otros.
