La CNMC recomienda que predominen la libre competencia y los concursos públicos en la gestión de residuos
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha publicado un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) de envases y residuos de envases en el que se recomienda que se potencie la celebración de contratos públicos cuando las administraciones públicas intervengan en la organización de la gestión de los residuos y se pide a la Administración informar en el caso de que detecten prácticas anticompetitivas en este ámbito.
Entre los aspectos que destacan de forma positiva por parte de la CNMC en dicho informe, se encuentra la ampliación a todo el territorio nacional de la autorización de los sistemas colectivos, la inclusión de criterios de «ecomodulación» en las contribuciones financieras de los productores y la introducción de medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Sin embargo, el informe introduce varias recomendaciones como la introducción de medidas para evitar riesgos de intercambios de información comercialmente sensible. Para evitar posibles prácticas colusorias se proponen medidas como una evolución periódica de los modelos de responsabilidad ampliada, encomendar la gestión de la información comercialmente sensible a terceros independientes o garantizar que la información y los informes públicos no contengan ninguna información sensible.
Además, se recomienda una mayor justificación de determinados objetivos de reutilización y de recogida de envases con el fin de no crear «desventajas competitivas injustificadas» entre diferentes envases de bebidas, tipos de productos o de envase.
Asimismo, se propone una mayor justificación de los umbrales para su obligatoriedad, una mayor flexibilidad temporal (permitiendo planes con periodicidad inferior para poder adaptarse mejor a los cambios) y una delimitación «más precisa» de las actividades permitidas. En el caso de sistemas colectivos, precisan que los costes de elaboración de dichos planes solo deberían incluir a las empresas obligadas.
A pesar de que se valora positivamente que se proponga una solución que parte del reconocimiento de la eficacia nacional, desde la CNMC recomiendan una «mayor precisión» de los términos especificaciones y precisiones que se pueden introducir en la autorización del sistema por las autoridades autonómicas, con el objeto de «evitar diferencias injustificadas a nivel territorial».
Otro aspecto que valoran positivamente pero en el que introducen un matiz es la obligatoriedad de que la contribución financiera aportada por el productor del producto establezca un sistema de bonificaciones y penalizaciones transparente respecto a los criterios de ecomodulación. Así pues, la CNMC recomienda revisar dicho sistema periódicamente para garantizar su transparencia mediante el cumplimiento de los requisitos mínimos que permiten modular dicha contribución.
Sobre las actividades voluntarias complementarias, pide establecer una regulación «más precisa» y señala la necesidad de una evaluación periódica de las mismas para evitar efectos anticompetitivos. También desde la CNMC se pide «concretar las obligaciones precisas en el texto normativo en lugar de remitir a normas UNE» y, en caso de mantenerlas, introducir una mención a la posibilidad de emplear estándares normativos equivalentes.
Por último, sobre los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) se recomienda que se diseñen de forma eficiente y que se establezcan procedimientos de control con el objeto de «evitar o minimizar fraudes». En el caso del SDDR obligatorio para envases de un solo uso, se recomienda una mayor justificación tanto del importe mínimo (10 céntimos) como de la «no consideración» del volumen y material en este importe mínimo.
Además, se solicita analizar la posibilidad de realización de acuerdos entre los SDDR obligatorios y voluntarios por economía de escala, siempre dentro del respeto a la normativa de defensa de la competencia.
