La CNMC cree que la nueva ley postal aporta inseguridad jurídica al no regular las notificaciones judiciales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado su preocupación por la «inseguridad jurídica» que cree que aporta el proyecto de real decreto que aprobará el nuevo reglamento postal, al no regular las notificaciones administrativas y judiciales.

Competencia ha indicado que se trata de un asunto «fundamental», al mismo tiempo que ha echado en falta determinados aspectos relacionados con la calidad del servicio postal universal, por lo que insta a hacer cambios en el proyecto para garantizar la seguridad de este tipo de notificaciones.

La CNMC ha explicado en un informe que la modificación propuesta en el reglamento postal suprime la mención del DNI, así como la exigencia de la firma de las personas físicas o el sello de las empresas u organismos receptores de las notificaciones administrativas.

Estos requisitos no se sustituyen en la propuesta por otros que garanticen la constancia de la identidad fidedigna del destinatario, en perjuicio de las garantías de los ciudadanos, por lo que considera necesario mantener la actual redacción del reglamento en materia de notificaciones administrativas.

La Comisión ya se había pronunciado sobre la importancia de realizar correctamente las notificaciones administrativas y judiciales para garantizar los derechos de los administrados. A la hora de regular estas notificaciones, la CNMC ha considerado que la mera remisión del reglamento postal a la Ley de Procedimiento Administrativo Común «no es suficiente».

En cuanto al servicio postal universal, el regulador ha recordado que el proyecto de reglamento debería regular expresamente las siguientes cuestiones: las normas técnicas de medición de la calidad del servicio, la aplicación de la fuerza mayor al cómputo de los plazos de entrega de los envíos y el umbral de incumplimiento de los objetivos de calidad a partir del cual el operador designado podría ser sancionado.

Por otra parte, ha afirmado que el proyecto de reglamento debe redactarse de forma «más detallada y coherente» con otros textos normativos, incluidos la propia ley postal y el reglamento postal vigente, para evitar «volver a situaciones ya superadas por el sector y confundir con ello a operadores y usuarios». Además, según la Comisión, deben clarificarse los derechos de los usuarios en materia de reclamaciones e indemnizaciones.

Finalmente, ha calificado como injustificado que el sello de excelencia de la empresa postal sostenible se otorgue mediante un concurso que se celebraría de forma periódica, limitando de forma «injustificada» el número de operadores que podrían acceder a esta distinción en el momento en que lo mereciesen.