La CNC pide cambios en la ley de desindexación porque el 21% de las concesiones quedan desiertas

De igual manera, pide una reforma en la Ley de Contratación Pública

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido cambios en la ley de desindexación y una reforma de Ley de la Contratación Pública ante el aumento de los costes en la construcción que han provocado que el 10% de las licitaciones y el 21% de las concesiones administrativas quedaran vacías, según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda.

En esta línea, el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, ha denunciado que el coste del consumo de los materiales ponderado en la construcción se ha incrementado entre 2020 y 2021 tanto como subió desde 2007 hasta 2020, mientras que el índice de los precios de la energía creció un 38% entre enero y agosto de 2022, frente al 3% que se incrementó entre 2005 y 2020.

Asimismo, ha recalcado que el incremento del 54% del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018 está impactado también en los costes de las obras. Todo ello ha ocasionado que en 2022 un tercio de 241 contratos públicos quedaran desiertos, hubiera renuncia o hubiera desistimiento de la empresa adjudicataria, una cifra que impactó a 318 licitaciones entre enero y marzo de 2023, según Fernández.

Para el presidente de la patronal de la construcción, esta situación obedece a que las licitaciones no tienen una revisión del precio, debido a la ley de desindexación, lo que supone «un riesgo» para las pymes, que acaban «renunciado, desistiendo o abandonando» dicho contrato ante la imposibilidad de asumir los costes.

Así, ha demandado actuar sobre el régimen excepcional de revisión de precios y ampliar el tope de la revisión de precios de 20%, dado que el incremento de precios que se ha producido ronda al 26%; revisar los precios de los contratos públicos de obra, concesión y servicio, incluyendo la mano de obra y energía, que es lo que habitualmente debe funcionar en un sistema razonable de contratación pública; y volver al modelo del año 2015 en contratación pública tanto de obra como de concesiones, así como que la Ley de desindexación se ajuste para que «no se aplique a la contratación pública».

En esta línea, el secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, ha puesto el foco en la Ley de Contratación del Sector Público y ha pedido a la Administración Pública «dignidad» para dejar de licitar usando la lógica de dar el contrato a la empresa que menos precio ofrece, al tiempo que ha pedido a la patronal «no culpar» de esta situación al incremento del SMI.

Por su parte, el secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, ha recalcado que la Ley de Contratación Pública tiene «carencias» y ha indicado que «no es normal» que se pueda licitar con reglas de «pura subasta» porque la ley así lo permite.

Por ello, ambos sindicatos se han sumado a la petición de la CNC de cambiar la ley de desindexación y reformar la contratación pública porque, en opinión de los dos sindicatos, el menor acceso de las empresas a obras acaba repercutiendo en los trabajadores, ya que la compañía acaba recortando jornada, bajando el sueldo, quitando servicios o recortando plantilla.

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

Preguntados por la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial que quiere instaurar el Gobierno, desde CNC han recalcado que debe hacerse por «sectores» y a través del diálogo social bipartito entre sindicatos y patrona, y se debe «llegar al acuerdo».

Sin embargo, en opinión de Hoya, el Gobierno ha de tomar cartas en el asunto porque en el «bipartito» se ha demostrado que patronal y sindicatos son «incapaces» de alcanzar un acuerdo. En esta línea, ha recalcado que entre 2012 y 2022 la reducción de jornada en 54 convenios provinciales solo ha sido de una hora porque «las patronales se niegan a bajar la jornada». Para Barragán, la reducción de jornada es «más que una línea roja» para la patronal, por lo que se ha mostrado de acuerdo con UGT.

SINDICATOS SE NIEGAN A TRAER TRABAJADORES INMIGRANTES «AL PESO»

Por otro lado, preguntados por la intención del Gobierno de facilitar la entrada de extranjeros para que cubran aquellos puestos en los que falta mano de obra, Barragán ha mostrado el rechazo del sindicato a que se traigan «inmigrantes al peso, de manera temporal, precaria y que se desechen al día siguiente», aunque eso signifique perder parte de los fondos Next Generation UE destinados a la construcción.

«Todo lo que tenga que ser será con condiciones exquisitas en derechos de trabajadores», ha recalcado el sindicalista de CCOO, una postura a la que se ha sumado Hoya, que ha afirmado «no estar dispuesto» a que vengan trabajadores «sin ningún tipo de garantía».