La Cámara gallega condena la agresión mortal de Sanxenxo: «La lucha contra la violencia es un partido que jugamos todos»


SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26

El Parlamento de Galicia se ha sumado este miércoles a las muestras de repulsa de la sociedad gallega por la muerte de Andrés Rico, el hombre que falleció hacía días a consecuencia de la agresión sufrida en diciembre mientras asistía como público a un partido de balonmano formativo que arbitraba su nieto.

«La lucha contra la violencia es un partido que jugamos todos», proclama la declaración institucional leída por el presidente del Legislativo autonómico, Miguel Ángel Santalices, durante la sesión plenaria que se ha retomado en la mañana de este miércoles en el Pazo do Hórreo.

El Parlamento también ha hecho suyo el manifiesto promovido por las 59 federaciones deportivas gallegas y que será leído en pabellones, campos y estadios de Galicia durante este fin de semana para apelar a erradicar la violencia de los deportes.

Tras manifestar sus condolencias para familia y allegados de Andrés Rico, el texto expresa su repulsa por unos hechos, ocurridos el 15 de diciembre en un pabellón de Vilalonga, que muestran «el lado más oscuro» del deporte y «que no se debe, que no se puede, repetir bajo ningún concepto».

La declaración es una llamada a «actuar de forma firme y unida ante la violencia» y a convertir el deporte en «un espacio de comunión y amistad, no de separación y de odio» porque va «mucho más allá» de una actividad física al constituir «un mecanismo de evasión, una fuente de salud, una terapia psicológica y, para muchas personas, un medio de vieda».

«Desde el Parlamento de Galicia creemos en un deporte plural, diverso, sin género ni edad, para todos y para todas, enriquecedor de la soceidad, transmisor de valores, generador de noticias, transformador, igualador, motor de cambio social y también agente económico determinante», reivindica el texto.

Para encauzar estos objetivos, abogan por eliminar «cualquier manifestación de la violencia» del deporte, para lo que subraya el compromiso de instituciones y administraciones a «reforzar» tanto la atención como los mecanismos para velar por ello.

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