La CIDH expresa preocupación por el atentado en Cúcuta y pide a Colombia reforzar la prevención de violencia

La comisión señala a un detenido por su presunta participación en el hecho, según un informe preliminar de la investigación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado este miércoles su «preocupación» por la explosión de un vehículo bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército de Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y ha llamado al Gobierno a «reforzar» la prevención de la violencia.

«La CIDH expresa su solidaridad con las personas heridas –36 personas– y sus familias. A la vez, toma nota del inicio de las investigaciones, y el informe preliminar de la detención de una persona por su posible participación en el hecho», ha señalado la comisión en su perfil de Twitter, respecto al atentado que, por el momento, la Fiscalía colombiana ha achacado, en primeras hipótesis, al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así, la comisión ha instado al Ejecutivo de Colombia a «avanzar en la investigación y sanción» del hecho «con debida diligencia», al tiempo que ha pedido «reforzar» la prevención de la violencia mediante políticas públicas «que transformen sus causas estructurales».

El atentado se produjo el martes en un cuartel general de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, al noroeste del país, y se saldó con al menos 36 heridos, entre militares y civiles.

Según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y el fiscal general del país, Francisco Barbosa, el ELN estaría tras el acto, que se llevó a cabo cuando una persona a bordo de un automóvil ingresó «por el control» de las instalaciones, para aparcar el coche en el aparcamiento del cuartel.

Minutos después se produjo una primera explosión que afectó a las instalaciones, tras la cual el vehículo volvió a explotar afectando «gravemente» el lugar. Personal encargado del control de las instalaciones ha sido relevado.

El autor del atentado habría recibido dos pagos, entregados por terceros, de hasta 120 millones de pesos colombianos (unos 26.8000 euros). Por su parte, el Gobierno ha ofrecido una recompensa de 500 millones de pesos (cerca de 115.000 euros) a todo aquel que facilite información que ayude a identificar a los autores.

Las autoridades han añadido que, si bien las primeras hipótesis apuntan al ELN, por el momento no descartan otras teorías, como la implicación de la disidencia de la Segunda Marquetalia de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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