Gebta impugna el concurso público de agencias de viajes de la Administración del Estado
Gebta España ha interpuesto un recurso al Tribunal Administrativo Central del Estado que solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la licitación del acuerdo marco para la prestación de los servicios de agencia de viajes de la Administración del Estado, valorado en 990 millones de euros.
Para la asociación de viajes corporativos, esta licitación incurre en infracciones «sustanciales» de los principios y normas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y por vulneración de los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad de trato y motivación suficiente en la preparación del expediente.
En un comunicado, Gebta critica la estructura de precios rígidos y la obligación de garantizar cupos o tarifas estables durante la vigencia del acuerdo marco, bajo amenaza de penalizaciones y sanciones automáticas que pueden alcanzar el 10% del importe del contrato basado y, acumuladas, hasta el 50% del valor total, lo que considera «abusivas y contrarias» a la dinámica real del mercado, además de que «no se ajustan a la naturaleza jurídica de la actividad de las agencias de viajes».
El recurso de la entidad se centra, asimismo, en denunciar la limitación de la capacidad de las agencias de desistir de presentarse a alguno de los concursos que se publiquen dentro del acuerdo marco.
«La consecuencia práctica de esta cláusula es la restricción absoluta de la libertad de empresa y de competencia, porque viene a obligar a los adjudicatarios del acuerdo marco a participar en todos los contratos basados, incluso en aquellos que resulten inviables o contrarios a su interés empresarial», ha añadido al respecto.
En defensa del sector, Gebta ha aludido a su facturación anual de más de 4.000 millones de euros en 2024, «una aportación nada despreciable de un sector que ejerce de palanca de crecimiento y desarrollo del mercado, y que merece poder trabajar en condiciones justas y equilibradas».
Por último, para la asociación, es «absolutamente necesario» que la Administración Pública facilite un marco de colaboración y prestación de servicios que se adecue al marco legal, a la realidad del mercado y que sea proporcionado.
