La brecha entre las necesidades humanitarias y los fondos recaudados alcanza cifras récord

MSF llama a no «cruzarse de brazos» frente a la emergencia en Gaza: «Por legalidad pero, sobre todo, por humanidad»

La diferencia entre los fondos reclamados por las organizaciones humanitarias para proyectos en todo el mundo y el dinero recaudado ha alcanzado en el último curso la cifra récord de 22.100 millones de dólares (unos 20.500 millones de euros), según un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) que anticipa que la brecha seguirá aumentando este año y en el que se advierte de las crecientes violaciones del Derecho Internacional Humanitario, con el conflicto en la Franja de Gaza como principal ejemplo.

La acción humanitaria en 2022-2023: la emergencia climática agudiza otras crisis pretende arrojar luz a un contexto en el que la comunidad internacional no ha incrementado su solidaridad al mismo ritmo que lo han hecho las necesidades de los más vulnerables. Así, pese a que la ayuda humanitaria internacional aumentó en unos 10.000 millones de dólares, un 27 por ciento, el déficit es mayor que nunca.

Sólo se cubrieron el 58 por ciento de los llamamientos lanzados a nivel global y alrededor de un tercio de los programas recibieron menos de la mitad de los fondos requeridos. La presión no cesa y a la crisis climática se suman conflictos que se agravan como el de la Franja de Gaza, por lo que los datos preliminares correspondientes a 2023 no invitan tampoco al optimismo.

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) Jesús Núñez, ha advertido en declaraciones a los medios de que la comunidad internacional parece cada vez más centrada en cuestiones relativas a seguridad en un mundo en el que hay más de 30 focos de conflicto y algunos de ellos, como los de Ucrania y la Franja de Gaza, acaparan gran parte de la atención y, por extensión, de los fondos.

En esta línea, el también codirector del IECAH Francisco Rey cree que «se ha consolidado» el «doble rasero», es decir, una respuesta desigual a los diferentes llamamientos en un mundo que «no ha respondido al ritmo que demandan las necesidades humanitarias». El informe detecta una concentración de la ayuda, ya que diez de las crisis acaparan casi dos tercios de todo el dinero, con Ucrania y Afganistán como principales países receptores con 4.400 y 3.900 millones de dólares, respectivamente. En contraposición, IECAH y MSF advierten del riesgo de que haya crisis cronificadas u olvidadas.

El número de personas con necesidades humanitarias superó en 2022 los 406 millones de personas –en una década el dato se ha cuadruplicado–, mientras que las víctimas de la inseguridad alimentaria son ya más del doble que antes de la pandemia y superaban los 265 millones.

EROSIÓN DE LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS

IECAH y MSF han expresado además su preocupación por la degradación de principios humanitarios teóricamente inviolables, al hilo especialmente del conflicto entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel. A los atentados perpetrados por milicianos palestinos les ha seguido una ofensiva sobre Gaza en la que, según ambas organizaciones, se ha violado el Derecho Internacional.

La directora general de MSF, Marta Cañas, ha señalado que la situación en Gaza» es un «ejemplo extremo» de las «violaciones flagrantes del Derecho Internacional Humanitario» que ya se venían registrado en los últimos años, pese a que tras la II Guerra Mundial se extendió el consenso de que «las guerras tienen que tener reglas».

Cañas ha señalado que al «horrible» ataque de Hamás le siguió una ofensiva militar que «ha violado de manera abierta y terrible el Derecho Internacional», «una guerra que no perdona a los civiles». «Millones de personas castigadas por creerlas cómplices de un grupo armado o simplemente por vivir en el mismo espacio físico», ha lamentado.

«El derecho a la defensa de los terribles ataques de Hamás no ampara en ningún caso estas violaciones de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución», ya que, en palabras de la responsable de MSF, «no hay justificación legal ni ética para una guerra a toda costa» en la que las instalaciones y el personal médico se están convirtiendo en objetivos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han registrado más de 300 ataques.

Frente a esta realidad, «no podemos cruzarnos de brazos», ha apuntado Cañas, «por legalidad pero, sobre todo, por humanidad». Las organizaciones comparten un llamamiento para lograr un cese de hostilidades y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria al enclave palestino, pero también han planteado la necesidad de avanzar hacia la rendición de cuentas.

Para Núñez, la incapacidad demostrada por la ONU y la UE a la hora de responder con una voz única y contundente, más allá de «declaraciones de lamento, de condena y de contención a las partes», lleva a aceptar que «esto terminará cuando Israel lo decida». En este sentido, ha recordado que en el caso de Rusia la UE ya va por la duodécima ronda de sanciones: «La cuestión no es que falten instrumentos, lo que falta es voluntad política», lo que en última instancia «alimenta la idea la perspectiva del débil de que solo con las armas puede compensar la injusticia».

Por su parte, Rey ha llamado a «acelerar» las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), ya que aunque los sistemas de verificación, control y sanción existentes a nivel global pueden parecer «escasos», sí «existen», sólo hace falta ponerlos en marcha y que respondan a tiempo a las emergencias.

MEDIDAS EN ESPAÑA

Los fondos de la ayuda humanitaria española aumentaron un 47 por ciento respecto al año previo, hasta superar los 158 millones de euros, con una especial incidencia en las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. La población saharaui, los Territorios Palestinos Ocupados, Venezuela, Siria, Níger, Colombia, Afganistán y Malí destacan como principales focos de atención, apunta el informe.

Rey ha considerado que la Ley de Cooperación adoptada a principios de 2023 es «un claro avance» en el compromiso humanitario español, al igual que la estrategia de diplomacia humanitaria, ya que prevé entre otras cosas actuaciones contra países que violen el Derecho Humanitario y puede suponer un «paraguas» bajo el que emprender algún tipo de medida en relación a Gaza.