La banca reconoce que los comportamientos inadecuados pueden afectar a su capacidad de solvencia

Una gran mayoría de las entidades financieras cree que las noticias negativas o los comportamientos inadecuados pueden causar una pérdida de confianza y afectar a su capacidad de solvencia, según consta en el informe sobre los gobiernos corporativos de las cotizadas realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La banca ha identificado el aspecto reputacional como uno de sus principales riesgos, al tiempo que afirma sentirse sometida a un «creciente nivel de escrutinio» por parte de reguladores, gobiernos y de la propia sociedad.

«Las entidades se enfrentan a un elevado número de procedimientos civiles, penales y administrativos, así como a investigaciones del supervisor como consecuencia de cambios en la legislación vigente o en la interpretación o aplicación de esta por las autoridades correspondientes», recoge el texto, que resume las principales preocupaciones de los bancos.

En este sentido, el supervisor dirigido por Sebastián Albella señala que el resultado de estos procedimientos, que pueden conllevar sanciones y reclamaciones de daños, puede influir en su capacidad de crecimiento y en el desarrollo de determinados negocios, en mayores requerimientos de liquidez y capital y en la obtención de menores ratios de rentabilidad.

NINGÚN GRAN BANCO SE SALVA

Desde hace tiempo atrás, los bancos han estado inmersos en procedimientos judiciales, sobre todo ligados a la venta de productos poco transparentes, como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisas, para las que Bankinter mantiene una provisión de 159 millones de euros para esta y otras contingencias en el acumulado de 2018 y 2019.

Recientemente también han saltado a la palestra dudas sobre si la comercialización de hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) fue la adecuada o no, debido a la publicación el pasado mes de septiembre de la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Tribunal Europeo deberá pronunciarse al respecto en los próximos meses. La práctica totalidad de los bancos las han comercializado, a excepción, en este caso, de Bankinter, mientras que CaixaBank es una de las entidades con mayor exposición, según analistas.

Al mismo tiempo, Bankia, tras cinco años de instrucción por su salida a Bolsa en julio de 2011 y pasados los diez meses durante los que se prolongó la fase del juicio oral, se mantiene pendiente de que la Audiencia Nacional emita su veredicto al respecto. La publicación de la sentencia podría demorarse hasta principios de 2020 dada la complejidad del proceso.

De su lado, Banco Santander anunció en septiembre de 2018 el fichaje del banquero italiano Andrea Orcel como su nuevo consejero delegado. Cuatro meses después, el banco decidió renunciar al nombramiento tras analizar el coste que tendría que asumir para compensarle, un bonus de más de 50 millones de euros.

Este fichaje frustrado le ha costado una demanda, en la que Orcel reclama a la entidad el pago de 112 millones de euros, al asegurar que tenía un contrato en firme del banco y que fue despedido de manera irregular. El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el día 13 de abril del año que viene para la celebración de la vista previa al juicio.

BBVA y su relación con la empresa de detectives privados del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo durante la época de la presidencia de Francisco González también está siendo sometido a una investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario.

El banco azul está investigado en la novena pieza separada de la macro causa Tándem por los contratos que durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros habría suscrito con las empresas de Villarejo para tareas diversas, y por lo que ha sido imputada por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción.

Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, mientras que la propia entidad, como persona jurídica, ha sido llamada a declarar como investigada, si bien su comparecencia ya se ha retrasado hasta en dos ocasiones.

De su lado, Banco Sabadell sufrió un importante impacto reputacional a principios de 2018 en su filial británica TSB, cuando decidió migrar los datos de la plataforma de Lloyds –anterior dueño de TSB– a la suya propia. La entidad tuvo que realizar una provisión de casi 100 millones de euros para compensaciones a clientes e incluso renovó la cúpula con el nombramiento de Debbie Crosby como presidenta de la filial.

REFORMAS REGULATORIAS Y MAYOR COMPETENCIA

En otro orden de cosas, la banca señala a la «gran» cantidad de reformas regulatorias como otro de los riesgos a los que se enfrenta. En 2015 se inició la transición gradual hacia Basilea III, mientras que a día de hoy se está adaptando a la entrada en vigor de MiFID II, que implica una transformación del modelo de negocio de las actividades de gestión de activos y de las empresas de servicios de inversión.

A su vez, el desarrollo del mundo digital y las tecnologías de la información se presentan como una amenaza para las entidades financieras, mientras que la fuerte competencia es identificada como otro importante riesgo.