La AVT recrimina a Marlaska los acercamientos de etarras en una reunión que Interior califica de «constructiva»

Abordan la transferencia de prisiones al Gobierno vasco y las reformas para recurrir terceros grados y poder sancionar los homenajes a presos

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recriminado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la «derogación de facto» de la política penitenciaria debido a los acercamientos de presos de ETA en una reunión que el departamento ministerial ha calificado de «cordial y constructiva».

En un comunicado, la AVT ha señalado que la cita, celebrada tras más de un año reclamando a Marlaska explicaciones, ha servido para trasladar el «malestar de gran parte» del colectivo de víctimas, al entender que no se ha respetado lo prometido cuando asumió la cartera en 2018. Fuentes de Interior han explicado a Europa Press que el ministro ha reiterado que los traslados se llevan a cabo cumpliendo la ley y de forma individualizada.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha encabezado la representación en este encuentro en el que, según Interior, se ha puesto en valor que el departamento dirigido por Marlaska es el primero que informa sobre cada uno de los traslados de etarras.

«Aceptamos resignadas la aplicación de la legislación penal y asumimos que el tiempo pasó y los etarras van cumpliendo sus condenas», han señalado desde la asociación, que insiste en exigir la colaboración con la justicia «para valorar la reinserción de los etarras».

«Esto supone una cesión a una reivindicación histórica de ETA», aseguran sobre la derogación de la política de dispersión, por lo que la AVT ha reiterado su reclamación de que «se debe exigir la colaboración con la justicia y un arrepentimiento real y no contentarse con la firma de unas supuestas cartas de arrepentimiento que no eran más que formularios tipo, tal y como la propia Audiencia Nacional ha reconocido».

PRISIONES AL PAÍS VASCO

En este sentido, la AVT ha mostrado su preocupación por la transferencia de prisiones al País Vasco «si el destino final» es que todos los presos de la banda terrorista acaben en esta comunidad autónoma –actualmente hay 44 en el País Vasco y 10 en Navarra–. Desde Interior señalan que este traspaso no varía la política penitenciaria, que seguirá siendo «competencia exclusiva» del Estado.

«Será legal pero el contexto en el que se produce no es moral», replican desde la AVT, que desconfía de que partidos como EH Bildu «se vanaglorien de condicionar la política del Gobierno» y que se siga recibiendo a etarras en sus pueblos como «héroes». La asociación reconoce que las decisiones de los presos seguirán sometidas a la Audiencia Nacional, pero subrayan que estarán «vigilantes para no abrir la puerta a la impunidad».

En este sentido, la AVT ha trasladado su preocupación por el plan del Gobierno vasco «centrado en potenciar el régimen de semilibertad, concediendo terceros grados», de ahí que pidan reformas legales como la del Estatuto de la Víctima y, de esta forma, puedan recurrir estas decisiones.

Interior, según la asociación, les ha dicho que «pronto» tendrán noticias sobre otra reforma, la de la Ley de Víctimas 29/2011, lo que abriría la puerta para un nuevo régimen sancionador en los actos de homenaje que se brindan a presos de ETA.

REUNIÓN CON PABLO CASADO

La AVT también se ha reunido este miércoles con el presidente del PP, Pablo Casado, en otro encuentro que ha contado con la asistencia del consejero Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara, además de la presidenta, Maite Araluce.

La asociación ha analizado la Proposición de Ley sobre protección de víctimas del terrorismo presentada hace unas semanas y trabajada conjuntamente con el PP, una reforma que posibilitaría a las víctimas poder recurrir terceros grados y que «cobra ahora más importancia teniendo en cuenta el plan del Gobierno vasco de potenciar el régimen de semilibertad».

La AVT ha reclamado al PP que haga un «esfuerzo» por conseguir el máximo apoyo parlamentario a dicha ley. Como en el caso de Interior, ambas partes se han emplazado a mantener una fluida comunicación «por el bien de las víctimas del terrorismo».

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