La Audiencia Nacional aplaza el juicio por el ERE de MasOrange hasta el 27 de febrero

La fecha inicial estaba fijada para el próximo martes, 21 de enero

La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el 27 de febrero el arranque del juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) en MasOrange ante las demandas interpuestas por USO y CCOO, sindicato este último que no firmó el acuerdo al que sí se adscribieron UGT y Fetico para la salida de 650 trabajadores de la compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en España.

La fecha inicial para el arranque del proceso en la Audiencia Nacional estaba fijada para el próximo martes, 21 de enero.

«Tras el aplazamiento habrá que esperar algo más de un mes para la celebración del juicio y un tiempo todavía mayor hasta conocer la sentencia. Sabremos entonces si el ERE forzoso de 650 despidos pactado a espaldas de la plantilla entre la dirección, Fetico y UGT, de los cuales quedan pendientes 80 despidos más, se ajusta o no a derecho», ha destacado CCOO en un comunicado.

Si bien CCOO tilda el ERE de «forzoso», desde MasOrange han defendido la voluntariedad del proceso, al cual se adhirieron 465 personas (313 con indemnizaciones y 152 prejubilaciones), lo que supone el 71,53% del total de las salidas y una cifra a la que hay que añadir 185 despidos obligados.

En ese sentido, el sindicato ha insistido en que su objetivo es parar el ERE de forma definitiva y que se declare nulo para así «dar otra oportunidad» a los empleados despedidos hace algunas semanas en, desde su punto de vista, unas «condiciones miserables».

CONDICIONES DEL ERE

Las condiciones pactadas entre la empresa y los sindicatos firmantes en el ERE incluyen una indemnización de entre 47 y 34 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades para las personas que se adhiriesen de forma voluntaria al proceso.

En tanto, para los trabajadores que saliesen de la compañía de manera forzosa la indemnización se sitúa entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

Por otro lado, los trabajadores con menos de ocho años de antigüedad en la empresa y que se presentasen de manera voluntaria al ERE cobrarían una prima de 3.000 euros, una cifra que se incrementa hasta los 8.000 euros para los empleados con una antigüedad de entre nueve y 12 años y que aumenta hasta los 15.000 euros para los que lleven más de 12 años en la compañía. El tope de la indemnización es de 300.000 euros.

El pacto alcanzado también recoge que podrán acogerse al plan de prejubilaciones los trabajadores de entre 56 y 57 años con una antigüedad en la empresa igual o superior a nueve años, mientras que, en el caso de las personas de entre 58 y 62 años, la antigüedad tendrá que ser igual o superior a los cinco años.

En cuanto a las rentas del plan de prejubilaciones, estas se sitúan en el 80% del salario regulador. Otro elemento que figura en el acuerdo es el mantenimiento durante dos años del seguro médico para aquellos empleados afectados por el ERE que dispongan del mismo, mientras que, en el caso de las prejubilaciones, el mantenimiento del seguro médico (en caso de disponer de esta prestación) será hasta los 63 años.

A ello se suma, entre otras cosas, una garantía del empleo hasta el 30 de junio de 2026, si bien esta cuestión está supeditada a que «no haya motivos económicos o estructurales graves» que puedan motivar un nuevo proceso de despido colectivo en la compañía.