La Audiencia Nacional acuerda las primeras diligencias para investigar la compra de Dia por parte de Fridman
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado las primeras diligencias de investigación en relación con la compra de Dia por parte del magnate ruso Mikhail Fridman y la sociedad LetterOneInvestments Holdings, una vez que el Tribunal Supremo determinó que era el órgano judicial competente para la instrucción.
En concreto, el alto tribunal acordó que debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 4 el que investigue si Fridman generó situaciones de bloqueo y de tensión que habrían provocado que las acciones en Bolsa de Dia cayeran para poder adquirir la cadena de supermercados posteriormente, causando así un perjuicio a todos los accionistas y «a la economía nacional».
La denuncia anónima presentada contra Fridman solicita que se le investigue por la presunta comisión de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas o incluso el de uso de la información privilegiada.
Una vez que el Supremo ha resuelto la competencia de la Audiencia Nacional para investigar, Calama ya ha tomado las primeras decisiones con respecto a esta instrucción. Por un lado, ha acordado la identificación de los denunciantes, tal y como establece el artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para lo cual solicita la intervención de la Policía Judicial de la Audiencia Nacional.
Como segunda medida, el magistrado ha ordenado el traslado de la denuncia y la documentación adjunta tanto al magnate ruso como a LetterOne Investen Holdings, máxima accionista de Dia, previa averiguación de su actual domicilio o paradero.
Por último, el instructor libra un oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a petición de la Fiscalía, con el objetivo de que se propongan dos funcionarios de dicha entidad como peritos, quienes deberán efectuar la pericia que en su momento se acuerde.
Aparte de la compra de Dia, Fridman ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional, concretamente por el Juzgado Central de Instrucción número 6, por su presunta responsabilidad en las «maniobras» empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide, y adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.
