La Asamblea Jurídica 15M da un ultimátum a los parlamentarios para forzarles a renovar el CGPJ antes de ir al Supremo
Miembros de la Asamblea Jurídica del 15M han llevado este viernes al Congreso el requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo con el que pretenden forzar a los parlamentarios a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años con el mandato caducado.
Estos requerimientos van dirigidos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a los otros 349 diputados, a los que se le insta a cumplir con su obligación legal de poner fin al bloqueo de órgano rector de los jueces.
Así lo ha puesto de manifiesto a los periodistas Pedro Martín, uno de los representantes de la Asamblea Jurídica del 15M que se ha acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hacer entrega de los distintos requerimientos. La plataforma tiene previsto hacer lo propio en el Senado, dado que la Cámara Alta también participa en la elección de los miembros del CGPJ.
LAS MULTAS PODRÍAN SUPERAR LOS 2.000 EUROS
Martín ha explicado que el reiterado incumplimiento de la renovación de los vocales del CGPJ ya les llevó la primavera pasada a presentar los correspondientes requerimientos previos en ambas Cámaras. Lo hicieron basándose en el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, recogido en el artículo 23.1 de la Carta Magna.
Sin embargo, la convocatoria electoral de julio les ha obligado ahora a reactivar su acción jurídica y reiterar sus requerimientos ante los nuevos parlamentarios. Su objetivo es que el Tribunal Supremo obligue a sus señorías, si así lo estima oportuno, a cumplir con su deber constitucional de llegar a un acuerdo sobre el CGPJ, imponiéndoles multas de carácter coercitivo hasta que no lo hagan. Sanciones que, según ha apuntado Martín, podrían superar los 2.000 euros.
Con esta iniciativa, la Asamblea Jurídica del 15M pretende generar un precedente jurídico para que en el futuro no se repita una situación simular y que la ciudadanía vea nuevamente vulnerados sus derechos constitucionales.
