La Asamblea de El Salvador extiende por tercera vez el estado de excepción para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este martes una tercera extensión del estado de excepción en el país, impuesto a finales de marzo, con 67 votos a favor, por otros 30 días más para combatir la violencia entre pandilleros.
La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del hemiciclo (un 80 por ciento), mientras que 15 diputados han votado en contra, según el parte de sesiones recogido por La Prensa Gráfica .
«Los resultados positivos de la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele son innegables. El apoyo de la población confirma el éxito de las medidas implementadas y la necesidad de que continúen hasta que concluya la Guerra contra las pandillas», ha asegurado el presidente del Parlamento salvadoreño, Ernesto Castro, en su cuenta de Twitter.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».
Por otra parte, la Asamblea de El Salvador ha aprobado un decreto que permite al Ejecutivo a adquir bienes y servicios para combatir a las pandillas.
«Con este decreto se podrá agilizar todos los trámites necesarios para cualquier compra, ya sea de armamento o equipo para policías y soldados. Además, permitirán eximir del pago impuestos las adquisiciones hechas por las instituciones únicamente mientras dure el período de dicha declaratoria de excepción», ha explicado el Parlamento de El Salvador en un comunicado.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
Hasta el 19 de junio, el total de detenidos era de 41,346. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias siguen siendo constantes por familiares de capturados durante el régimen.
