CESM denuncia a Sanidad ante el Tribunal Supremo y le requiere que suministre ya el material de proteción

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado que ha presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo una denuncia en la que solicita medidas cautelarísimas inaudita parte contra el Ministerio de Sanidad dada la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, y en la que se solicita que se «provea con carácter urgente e inmediato» material de protección.

En el texto manifiestan que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar el trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.

Ante el deber el Ministerio de facilitar estos equipos para los profesionales sanitarios y acreditada la concurrencia de razones de urgencia, la representación legal de CESM solicita que, «sin más trámites y en el plazo de cinco días», se dicte Auto por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir a la Administración demandada que «se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados» el material de proteción, entre el destacan batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.

El sindicato señala que, esta medida se ha tomado después de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando falta de material para sus profesionales, «que se enfrentan a su labor diaria sin los equipos adecuados para ello pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo».

«La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia», concluyen.