La APM emplaza a Bolaños «a ver qué dice» Europa sobre la Ley de Amnistía «cuando vea que se perdona la malversación»

Defiende la «legitimidad» del CGPJ para informar sobre el fiscal general y asegura que el nombramiento de Delgado fue «una arbitrariedad»

BILBAO, 1

La reelegida presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha emplazado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha afirmado que Bruselas no está preocupada por la Ley de Amnistía, «a ver qué dice» la Comisión Europea «cuando vea que se van perdonar delitos de malversación».

Además, ha defendido la «legitimidad» del CGPJ -que se encuentra en funciones desde hace cinco años- para informar sobre el fiscal general y ha asegurado que el nombramiento su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía Militar del Tribunal Supremo fue «una arbitrariedad».

Tras la clausura del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en Bilbao, Del Barco se ha referido a las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien este pasado jueves aseguró que Bruselas tiene «cero preocupación por la Ley de Amnistía».

Para la portavoz de la asociación judicial, «era previsible que lo que iba a decir el Ministerio de Justicia», por lo que ha afirmado que no ha sido «ninguna sorpresa».

Sin embargo, ha emplazado «a ver qué dice la Comisión Europea cuando vea que se van a perdonar delitos de malversación». «Porque estos delitos de malversación son corrupción política, y la Unión Europea persigue y está completamente involucrada en la persecución de los delitos de corrupción», ha dicho.

Según ha apuntado, existe hasta «un grupo concreto», el Grupo de Estados contra la Corrupción, «que cada año informa sobre la evolución de cada uno de los países de la UE y cómo dentro de los valores de Estado de Derecho se avanza o no en la lucha contra la corrupción política». «Amnistiar delitos de corrupción no parece una lucha muy beligerante», ha ironizado.

FISCAL GENERAL

Respecto al rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, lo ha justificado por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo «en la que se hablaba claramente de una desviación de poder por parte» del máximo responsable del Ministerio Público «a la hora de hacer el nombramiento de Dolores Delgado». «Eso es una arbitrariedad», ha asegurado.

Además, ha recordado que, cuando fue nombrado por primera vez, sí se realizó un informe favorable del Poder Judicial, «pero hubo votos particulares indicando que entendían que no reunía los requisitos de idoneidad para el cargo».

La presidenta de la asociación conservadora de jueces ha señalado que, en todo caso, el informe del Consejo «es necesario», preceptivo, pero «no vinculante». «Por tanto, la decisión del Gobierno será al final la última que decida si mantiene o no al fiscal general del estado o si nombra a otra persona», ha indicado.

Por otra parte, ha defendido que, pese a que el actual CGPJ se encuentra en funciones, «sigue teniendo la misma legitimidad» para realizar informes como el referente a Álvaro García Ortiz.

A su juicio, la actual situación del órgano de gobierno de los jueces es consecuencia de que «quien debe hacer el cambio de la renovación no lo hace», ya que los vocales del Consejo «no se autorrenuevan por sí mismos».

«Hacerles responsables de lo que otros no hacen, que es incumplir, pues no procede. Mientras tanto, tienen que seguir haciendo la labor constitucional en la medida que son llamados, como ahora para hacer el informe del fiscal general del Estado. Siguen teniendo la misma legitimidad», ha concluido.