La AN prohíbe salir del país a dos presuntos responsables de poner y difundir las denuncias falsas del ex juez Presencia

Fueron detenidos durante el fin de semana después de no acudir a su cita en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha acordado este lunes prohibir la salida del país, entre otras medidas cautelares, a dos de los presuntos responsables de poner y difundir las denuncias falsas supuestamente ideadas por el ex juez Fernando Presencia, en el marco de la organización criminal que esboza la investigación judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que se trata de Alejandro Diges y Lidia Reina, que fueron detenidos el pasado fin de semana después de que no acudieran a la cita fijada por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 para tomarles declaración y analizar posibles medidas cautelares.

Ha sido este lunes cuando han pasado a disposición judicial y Gadea ha acordado para ellos la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer cada semana ante un órgano judicial y la de designar un domicilio donde se les pueda localizar en caso de ser necesario, de acuerdo con las citadas fuentes.

En el auto el que envió a prisión provisional al ex juez, el instructor identificó «una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Presencia, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas».

Gadea detallaba que, bajo la cobertura de la asociación ACODAP, Presencia y Alberto Royuela y su hijo Santiago –a los que también envió a prisión provisional junto con Juan Martínez Grasa– tendrían un papel esencial en la fabricación de las «denuncias y documentos mendaces» que las acompañan.

Después, éstos, junto a Juan Martínez, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga se encargarían de poner denuncias ante distintas instituciones, ocupando Lidia Reina un papel clave en su distribución en Internet y otros canales.

Las fuentes jurídicas apuntan que Arteaga, otro de los imputados que no compareció el pasado miércoles, será puesto a disposición judicial este mismo martes para estudiar igualmente medidas cautelares.

«MERAS MAQUINACIONES»

Para Gadea, existen múltiples indicios que permiten concluir que las denuncias presentadas por ACODAP eran «meras maquinaciones». «Todo ello permite inferir que la organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía la corrupción», exponía en dicho auto.

Con todo, indicaba que ACODAP «sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas».

En el marco de este «engaño», relataba el instructor, las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado y otros representantes públicos «serían el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando», publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación. Precisamente, la difusión de las denuncias era un paso «indispensable» en la amplificación del «engaño».

UNA «PLANTILLA»

De hecho, el juez llamaba la atención sobre el hecho de que ACODAP usaría «una plantilla o modelo en formato Word creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales».

Cabe recordar que Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Poco antes, el Supremo había denunciado a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.