La AN investiga a un guardia civil que fue grabado confesando haber colocado balizas de seguimiento sin orden judicial

El juez Pedraz le tomará declaración como investigado este martes

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz tomará declaración este martes en calidad de investigado a un sargento de la Guardia Civil después de que la defensa de un imputado en un caso de narcotráfico, en el que el agente trabajó, haya aportado una grabación de audio en la que reconocería de forma «explícita y directa» que se usaron balizas de seguimiento sin autorización legal y que se presentaron informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.

En una providencia adelantada por el medio Economist & Jurist y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 apunta que tras escuchar la testifical de la persona que grabó al guardia civil, una amiga íntima de éste, sobre las conversaciones que mantuvieron, ve necesaria la declaración en calidad de investigado del agente, Sergio Bravo, perteneciente al Grupo de Delitos Económicos.

Esta resolución del juez es del 25 de julio, y ya entonces señalaba que se le debía dar acceso a la defensa del sargento no solo a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los investigados por su grupo, sino también al escrito de una de las defensas del caso, que fue quien aportó las grabaciones al agente y que data del 20 de junio.

De hecho, en la transcripción que la defensa hace de una de esas conversaciones, el agente señala en un momento dado a su amiga que la baliza que ha colocado «es ilegal». «Yo soy el más ilegal de los ilegales», reconoce para luego apuntar que incluso llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.

LA INVESTIGACIÓN DEL 8-M

El escrito de la defensa denuncia además que determinadas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditan señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, «en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M».

Así, tanto este agente como su grupo, habrían participado en la investigación abierta en 2020 por el entonces jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, que posteriormente fue cesado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, por pérdida de confianza.

En esa causa, que acabó siendo archivada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitió una denuncia contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma por la Covid-19, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

En el escrito de la defensa que ha servido para que Pedraz decida investigar al agente de la Guardia Civil, se apunta que dado que todo apunta a que hubo balizas ilegales y vigilancias inventadas, «los indicios de criminalidad que han justificado la detención de algunos de los investigados así como la adopción de medidas cautelares reales y personales, la continuación del procedimiento y su propia existencia son sustancialmente falsos».