La Administración central habría reducido once puntos más el déficit sin el rescate de las autopistas

MADRID, 15

La Administración Central podría haber alcanzado a este mes de septiembre una reducción de su déficit de más once puntos superior al logrado, ya que sin este gasto se había reducido en un 33,1% frente al 22,6% respecto a las cuentas de 2017.

Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, durante su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, a la que ha acudido para rendir cuentas de la ejecución presupuestaria.

La responsabilidad patrimonial de la Administración por el rescate de las autopistas de peaje provocó, ha explicado Gualda, la incorporación de 1.800 millones de euros, tal y como figuraba en la actualización del plan presupuestario remitido a Bruselas por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Y es que el déficit de la Administración central hasta septiembre cayó un 22,2% hasta los 13.245 millones de euros, equivalente al 1,09% del PIB. En el conjunto de las administraciones públicas, el déficit se situó en los ocho primeros meses del año en 26.674 millones de euros, un 1,95% del PIB.

«TRAMPAS» EN EL PGE 2017 Y «2.000 MILLONES INVENTADOS»

Durante su intervención, Gualda ha lamentado que «una de las principales labores» que ha debido acometer su departamento desde su llegada al Ministerio de Hacienda ha sido el de realizar y preparar modificaciones en las partidas de gasto e ingresos por «trampas» que, a su juicio, se registraron en los Presupuestos de 2018, elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy y pactados en el Congreso con Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.

Así, ha asegurado que algunas de las medidas recogidas en las cuentas, principalmente durante su tramitación parlamentaria, tuvieron reflejo en el articulado pero no en el estado de ingresos y gastos de las cuentas.

Es el caso, por ejemplo, de las bonificaciones al transporte desde Baleares y Canarias, cotizaciones de trabajadores públicos de dos ministerios –el de Educación y Presidencia– o la propia subida de pensiones, que suponían, ha asegurado, un «deterioro» en el gasto financiero, pero no se compensaban en las cuentas de la Seguridad Social.

«Estamos resolviendo y dando cobertura a algunas de las trampas que tenía este Presupuesto», ha subrayado la secretaria de Estado, quien ha señalado que algunas de estas modificaciones aún no están siquiera aprobadas. De hecho, ha señalado que hay medidas que «ni siquiera se pueden llevar a cabo» porque, pese a estar en el estado de ingresos y gastos, no lo están en el articulado.

CONSECUENTE MODIFICACIÓN DE LA SENDA DE DÉFICIT

Gualda ha justificado de esta forma la necesidad de haber proyectado una senda de déficit más flexible, puesto que al llegar al Gobierno se encargó una revisión de las cuentas y que la misma elevaba el déficit en el 2,6% o 2,7% del PIB, y no en el 2,2% comprometido.

Es más, ha asegurado que la propia Comisión Europea advirtió en mayo, antes de la moción de censura, que las cuentas no cumplirían con el déficit previsto. «Y no se hizo nada», ha criticado, asegurando además que su departamento ha facilitado «todo detalle» sobre sus planes presupuestarios, tanto a la AIReF como a las instituciones comunitarias.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno contó con el aval de la AIReF a la hora de remitir el borrador del plan presupuestario a Bruselas. «Si no hubiéramos tenido su aval, no habríamos mandado este borrador. Este gobierno es bien serio», ha defendido.