La Administración autonómica reserva 10 plazas para personas con discapacidad intelectual en la nueva OEP

El Gobierno y Plena Inclusión acuerdan mantener su colaboración para facilitar el acceso a la función pública autonómica

Un total de 21 personas con discapacidad intelectual se han incorporado a la Administración General desde 2016 en la ejecución de las distintas ofertas de empleo público, 17 de ellas durante el pasado año, unos procesos que han contado con el apoyo técnico de Plena Inclusión Cantabria y que se mantendrán durante las pruebas de otras 10 plazas reservadas para este colectivo y en la adaptación posterior al puesto de trabajo.

Son datos que se han puesto de manifiesto durante la reunión que han mantenido este martes la consejera Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y representantes de la asociación Plena Inclusión, en la que han acordado mantener su colaboración con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública autonómica.

Durante este encuentro, celebrado en la sede del Gobierno cántabro, han repasado las acciones tendentes a mejorar la asistencia de estas personas en los procesos selectivos organizados por la Consejería de Presidencia y las medidas de acompañamiento y de apoyo en el puesto de trabajo, con el fin de generar una buena adaptación y generar confianza en el entorno laboral.

La consejera ha valorado la labor de Plena Inclusión para que las personas con discapacidad intelectual puedan «desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y tengan una puerta de acceso real a la función pública de Cantabria».

Por su parte, la directora de la entidad, Elena Farpón, ha planteado a Presidencia «seguir colaborando en los nuevos retos y plazas convocadas para ajustar los procedimientos».

En este sentido, Plena Inclusión ha facilitado al Gobierno una serie de propuestas para mejorar el acceso y la adaptación de estas personas en la Administración autonómica, como la designación de un referente o tutor, un empleado público con discapacidad intelectual, para mejorar la adaptación al puesto de trabajo de las nuevas personas que se incorporen, así como la formación continua de todo el personal público y prácticas formativas para el colectivo.

En el encuentro también han participado la directora general de Función Pública, Isabel Barragán; y la presidenta y la coordinadora de programas de Plena Inclusión, Eloísa Gutiérrez y Elena Larrañaga, respectivamente.

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