La acusada de apropiación dice que modificaba las cuentas para cuadrar la contabilidad

La contable acusada de apropiarse de 861.300 euros entre 2010 y 2018 de la cooperativa en la que trabajaba y de modificar la contabilidad para ocultar el descuadre en la caja ha asegurado este lunes, durante el juicio que se ha llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Cantabria, que modificó las cuentas de la empresa para «cuadrar la contabilidad y sus desarreglos» porque «siempre tenía muchos errores».

La procesada –para la que la Fiscalía pide 7 años y 3 meses de prisión, y la acusación particular (la cooperativa) 11 años– ha asegurado que, sin tener formación previa en contabilidad, fue aprendiendo con los años a llevar los números de la sociedad, que contaba con sedes y delegaciones en varios lugares de España, y encontraba, junto a los asesores, «muchos asientos y muchas cosas que no estaban bien».

«Faltaban gastos, no estaban bien metidos, había facturas de gastos triplicadas, los ingresos muchas veces también se contabilizaban mal, y eso lo encontrábamos con el tiempo y se tenían que hacer muchas rectificaciones». Estos cambios se llevaban a cabo mediante la aplicación informática de gestión.

En este sentido, ha detallado que cada trabajador de la cooperativa contaba con un usuario y una contraseña para ingresar al programa de gestión, y que estos datos solían estar apuntados en pósits que había en las mesas, cajones o pantallas, además de que los equipos «se compartían» y «no se apagaban y las sesiones del programa no se cerraban», por lo que, ha dicho, otras personas podían utilizar su usuario o su ordenador, desde donde se llevaron a cabo todas las modificaciones que se investigan.

Sin embargo, varios empleados de la cooperativa que han testificado en el juicio han afirmado que la procesada era la máxima responsable de la contabilidad de la sociedad y han negado que hubiese usuarios y contraseñas pegados en papeles por los escritorios, que nadie conocía los datos del resto y que los ordenadores solían cerrarse.

Respecto a la contabilización de gastos ficticios recogidos en el informe pericial y en el que se explica que en cuentas de clientes en los que se había producido un ingreso, posteriormente se añadía un gasto asociado mucho tiempo después, la acusada ha relatado que al hacerse muchas compras, algunas de las facturas «no llegaban», por lo que se generaban asientos con el dinero gastado, y cuando llegaban todas las facturas se añadía otro asiento sobre el anterior. «Esto pasaba habitualmente», ha añadido.

Según ha concretado el abogado fiscal, en 2017 se produjo un desfase en asientos añadidos sobre gastos contabilizados de 131.000 euros, a lo que la acusada ha respondido que en muchas ocasiones se encontraban facturas contabilizadas «por el doble o tres veces por errores» al utilizar el programa de gestión y ella lo cuadraba «como buenamente podía y sabía».

Por otro lado, respecto a la modificación de los gastos en los que se cambiaba el importe de las facturas de compra, el fiscal ha explicado que el informe recoge cómo había, por ejemplo, autofacturas de 150 euros de compra de vehículos para el desgüace que se modificaban añadiendo un cero pasando a ser de 1.500, generándose un total de 177.300 euros de diferencia en 2016. La antigua contable de la cooperativa ha indicado que no recuerda haber realizado esos cambios y que podrían deberse a pulsar el número cero por error y que el programa generase automáticamente la nueva factura.

Al hilo de esto, varios de los testigos han expresado que estos errores no podrían ser posibles porque el programa de contabilidad requería de muchos más datos para realizar esas modificaciones.

La acusada, que según el fiscal era una persona «de la máxima confianza de los demás cooperativistas y responsables de la entidad», algo que varios testigos también han sostenido, ejercía como gerente de la cooperativa en Santander, desempeñando las máximas funciones en el ámbito contable y administrativo, y era «la única persona con acceso a las cajas de efectivo» y quien «tenía el control de la contabilidad de la sociedad a través de la aplicación informática de gestión empleada».

Y «con el fin de evitar que otros responsables y trabajadores se percatasen de dichas apropiaciones, procedió a modificar en multitud de ocasiones la contabilidad de la sociedad a través de la aplicación informática», «ocultando de este modo el descuadre de la caja».

En ocasiones, según recoge el escrito, «introdujo asientos contables falsos que reflejaban pagos que no respondían a operaciones reales», y otras veces «modificó asientos contables que sí respondían a operaciones reales de compra (…) para hacer constar cantidades mucho mayores».

El juicio continuará mañana, 20 de diciembre, a las 10.00 horas. El fiscal considera a la acusada autora de un delito continuado de apropiación indebida y de otro continuado de falseamiento contable, por los que pide una condena de siete años y tres meses de prisión y multa de 9.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice a la cooperativa en 861.300 euros.

Por su parte, la representación legal de la cooperativa ejerce la acusación particular y solicita en su escrito once años de prisión y 12.960 euros de multa, además de la misma indemnización pedida por la Fiscalía.