La abogada de Ribamontán al Monte asesoraba «24 horas» al alcalde y el exregidor (PP) niega «argumentos legales»
La abogada contratada por el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte entre 2015 y 2020 ha asegurado que asesoró «en todo momento» al alcalde, Joaquín Arco (PRC), tanto verbalmente como por escrito: «Le asesoraba 24 horas», «mañana, tarde y noche, por teléfono y en persona», ha manifestado este jueves en el juicio contra el regidor por presuntos pagos irregulares de facturas, que contaban con reparos de la secretaria.
La letrada ha achacado esos informes contrarios al «acoso y derribo» de la también interventora junto a la oposición (PP) al nuevo equipo de gobierno, que arrebató el poder a los populares después de tres décadas y por solo «un voto» en las elecciones municipales.
En la segunda jornada de la vista oral también ha testificado el exalcalde y querellante, José Luis Blanco Fomperosa, que ha indicado que cuando su sucesor levantó los reparos en cuestión -para proceder al abono- «no hubo ningún argumento jurídico», pero sí «risas». «En ningún momento se dio ningún argumento de legalidad», ha señalado.
En el plenario, que se celebra esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha comparecido además, e igualmente como testigo, el consejero de Educación del Gobierno regional, Sergio Silva, que fue teniente de alcalde con Blanco y que ha sido citado por la defensa.
A preguntas de esta parte, ha comentado respeto a su etapa en el Consistorio que a veces había «discrepancias» u «opiniones más o menos diferentes» entre el entonces asesor jurídico y la secretaria, pero «puntuales» y no «generalizadas» ni por cuestiones «grandes». Y ha añadido que la «tónica general» del equipo popular en el desempeño de sus funciones fue «ser prudentes desde el punto de vista legal».
El actual regidor se enfrenta a quince años de inhabilitación para empleo y cargo público que piden para él la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por el anterior alcalde- por un supuesto delito continuado de prevaricación, por supuestos pagos irregulares entre 2016 y 2017 -por cerca de 20.000 euros según el ministerio público, importe que el PP calcula en más de 140.000- pese a informes contrarios de la Intervención y a los reparos de la secretaria.
La causa, que por un error procesal se archivó para otros cinco concejales que estuvieron imputados inicialmente, tiene que ver con el pago de facturas a abogados en la defensa de representantes y trabajadores municipales, a dos consultorías -por un informe urbanístico y un trabajo sobre la plantilla-, el cambio de puesto de una empleada y la contratación del aparejador, de la abogada y del servicio informático.
