Juzgan al propietario de una vivienda y a dos policías por un altercado durante el toque de queda
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este martes, día 18, al propietario de una vivienda y a dos policías locales de Santander que tuvieron un altercado en febrero de 2021, estando vigente el toque de queda por la pandemia, al entrar los agentes en la casa, donde se celebraba una fiesta, para detener al hombre.
La Fiscalía imputa al primero los delitos de atentado a agentes de la autoridad y de lesiones, por los que pide para él un año y tres meses de cárcel, mientras que pide la absolución para los policías.
Por su parte, la defensa de este acusado considera que los agentes cometieron un delito contra la inviolabilidad domiciliaria en concurso con otros tres contra la libertad individual, y, uno de ellos, otro de lesiones, y solicita para ellos multa e inhabilitación durante cuatro años.
Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando los vecinos de un inmueble de Santander avisaron a la policía local de que se estaba celebrando una fiesta con ruido muy alto en un sótano.
Según el relato del fiscal, tras personarse una patrulla y viendo a través de la puerta abierta de la vivienda que se estaban infringiendo las normas de reunión y horario (máximo 6 personas en Cantabria en ese momento), hablaron con el responsable de la vivienda, «invitándole a identificarse y desalojar la casa».
El acusado se negó a identificarse y, estando en el exterior de la casa, los agentes trataron repetidamente de convencerle para que lo hiciera, cuando éste subió con ellos un tramo de escaleras para no molestar a los vecinos, manifestando al cabo de un rato que iba a la vivienda a buscar su DNI.
Los policías le dijeron que primero se identificara verbalmente y después podía ir a por su DNI, a efectos de una posible sanción administrativa. «Seguidamente y estando en el tramo de escaleras y con el fin de evitar el acusado la posible multa, propinó un fuerte empujón a uno de los agentes», haciendo que se cayera y se golpeara.
Entonces, de acuerdo con el relato del fiscal, el acusado «se escabulló hacia la puerta de la vivienda, llamando a gritos para que le abrieran, lo que hacen los ocupantes del interior, entrando dentro el acusado, agarrado por los dos agentes que en ese momento le habían alcanzado, a la vez que le decían que estaba detenido por atentado».
Una vez dentro, comenzó «un forcejeo en el interior, tratando sus amigos de ayudar al acusado a liberarse de los agentes, agarrando a estos, y resultando los tres detenidos», al considerar los policías que estos dos últimos habían incurrido en un delito de resistencia.
A consecuencia de los hechos, uno de los agentes sufrió lumbalgia y un esguince. Los tres acusados resultaron con lesiones leves a consecuencia de la detención.
Según la fiscalía que la entrada de los agentes en el domicilio del acusado «lo fue a los solos efectos de practicar la detención del acusado, tras la agresión sufrida, y duró el tiempo mínimo necesario para su reducción, precisando apoyo de otras patrullas».
Por todo ello, considera al propietario de la vivienda autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y de un delito de lesiones leves, merecedores de una pena de un año y tres meses de prisión y 480 euros de multa. Junto a ello, solicita que los agentes sean declarados absueltos «al no revestir su actuación profesional caracteres de delito alguno».
Sin embargo, la defensa del propietario de la vivienda, al tiempo que defiende la inocencia de su cliente, acusa a los agentes de un delito cometido por autoridad o funcionario público contra la inviolabilidad domiciliaria en concurso con tres delitos contra la libertad individual, y de un delito de lesiones leves, que imputa a unode ellos.
Así, considera que los agentes deben ser condenados a una multa de 1.620 euros y a inhabilitación especial durante cuatro años. Para el agente que consideran responsable del delito de lesiones, pide además una multa de 180 euros.
El juicio se celebrará a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.