Junts propone una enmienda a la Constitución para echar al CGPJ caducado y limitar al Tribunal de Cuentas y al TC

El grupo parlamentario de Junts en el Congreso ha aprovechado la presentación de enmiendas a la reforma constitucional destinada a eliminar el término disminuido para añadir tres cambios en la Carta Magna con el fin de expulsar del Consejo General del Poder Judicial a los vocales con el mandato caducado, impedir al Tribunal Constitucional que cuestione la autonomía de los parlamentos y arrebatar al Tribunal de Cuentas su competencia de enjuiciamiento.

El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución fue impulsado por la exvicepresidenta Carmen Calvo con el fin de eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por «persona con discapacidad». Llevaba bloqueada en el Congreso desde septiembre de 2021, pero este martes la Mesa del Congreso acordó activarla poniendo fin a meses de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.

Y en medio de la polémica por el bloqueo de la renovación del CGPJ y por la decisión del TC de paralizar la reforma del sistema de elección de sus magistrados, Junts ha propuesto aprovechar esta ventana de la reforma constitucional en curso para forzar cambios de calado en la Justicia.

Por un lado, y en aras del «principio de inviolabilidad parlamentaria», propone incluir en la Constitución la prohibición de que el TC u otros jueces remitan mandatos en ejecución de sus resoluciones a los parlamentarios estatales o autonómicos.

DEFENDER LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA

«La inviolabilidad del parlamento es deudora del carácter de su legitimidad democrática directa, que lo hace o lo convierte en un órgano inviolable en su función, no existiendo ninguna jurisdicción que se le imponga», sostiene el partido de Carles Puigdemont en una de las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press.

A su juicio, «sin la inviolabilidad parlamentaria no se está en un sistema que garantice la separación de poderes» y «esta primacía parlamentaria se produce también frente al Tribunal Constitucional», cuya jurisdicción «no puede condicionar el funcionamiento del Parlamento».

Junts también pretende añadir un apartado en la Constitución para establecer que «los vocales del Consejo General del Poder Judicial cesarán en todas sus funciones una vez haya finalizado el mandato de cinco años para el que fueron nombrados, dejando de ser de aplicación todas las prerrogativas inherentes al cargo, incluido todo tipo de retribución».

Y mientras no sean relevados por unos vocales nuevos, como ocurre actualmente desde hace ya cuatro años, sólo se mantendrían «tres de los miembros salientes» para desempeñar exclusivamente «las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras» del Consejo, pero sin poder hacer nombramientos, ni opinar sobre anteproyectos del Gobierno, ni interponer conflictos de atribuciones.

«El actual bloqueo en la renovación de diversos órganos constitucionales debe ser afrontado con responsabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho como principio constitucional fundamental, que incluye, a su vez, el principio de la división de poderes», subraya Junts en su justificación.

DE PASO, LEY DE AMNISTÍA A LOS RESPONSABLES DEL PROCÉS

Otra de las enmiendas busca limitar las competencias del Tribunal de Cuentas para que sólo se ocupe de redactar informes de fiscalización y prescinda de su labor de enjuiciamiento contable, que es la que ha sentado en el banquillo a los altos cargos de la Generalitat por desviar recursos públicos al proceso independentista del referéndum ilegal de 2017.

«La atribución del enjuiciamiento contable al Tribunal de Cuentas pone en cuestión los principios básicos del Poder Judicial de independencia, exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y unidad jurisdiccional», argumentan.

Y, por ultimo, Junts propone modificar al artículo 117 de la Constitución para permitir que se pueda tramitar una Ley de Amnistía como la que las formaciones independentistas impulsaron hace un año con idea de borrar todas las condenas y actuaciones judiciales abiertas por el referéndum ilegal de 2017 y movilizaciones posteriores.