Junts lleva al Pleno del Congreso su ley para limitar las competencias al Tribunal de Cuentas y evitar sus embargos
Junts llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su proposición de ley para quitar competencias al Tribunal de Cuentas y evitar que pueda embargar bienes como hizo con los dirigentes independentistas en sus actuaciones por supuesto desvío de fondos públicos en favor del procés.
Tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista de 2017, el Tribunal de Cuentas se situó en el punto de mira de los partidos independentistas por exigir responsabilidades contables a sus líderes en sus procedimientos para recuperar el dinero público gastado por la Generalitat en defensa del procés.
Desde Junts llegaron a calificar al Tribunal de Cuentas como «cueva de ladrones» que hace «bullying» a los políticos independentistas y, el pasado mes de diciembre, registraron una proposición de ley en el Congreso para despojar a la institución de su función jurisdiccional, dejándole únicamente con sus competencias fiscalizadoras.
VETO DE LA MESA DEL CONGRESO
«Se trata de una institución franquista que se coló sin cambio alguno en la Constitución», espetó el diputado Josep Pagès en la rueda de prensa en la que presentó su reforma. Pero aquella iniciativa fue vetada por la Mesa del Congreso por considerarla inconstitucional, de acuerdo con la recomendación de los servicios jurídicos de la Cámara.
En este contexto, el partido que lidera Carles Puigdemont presentó otra proposición de ley atenuando la redacción de la reforma original para dejar claro que el Tribunal de Cuentas puede mantener todas sus funciones, aunque sus actuaciones jurisdiccionales, como los embargos o las condenas, podrán ser revisadas por el Poder Judicial.
Esta segunda iniciativa será la que se someta a debate y votación el próximo martes en el Pleno del Congreso, según figura en el borrador del orden del día aprobado en la Junta de Portavoces y al que ha tenido acceso Europa Press.
De esa forma, la formación independentista obligará a pronunciarse a sus socios de Esquerra Republicana (ERC) en la Generalitat, y también a las formaciones que componen el Gobierno de la Nación, el PSOE y Unidas Podemos.
