Junta CyL defiende los derechos y obligaciones de la Ley de Concordia y no mirar «tanto» la oarte expositiva

VALLADOLID, 27

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha invitado a no fijarse «tanto» en la parte expositiva que nutre la Proposición de Ley de Concordia registrada este martes por PP y Vox en las Cortes y «mirar más con profundidad» los derechos, obligaciones y el texto del articulado.

González Gago se ha referido a la Proposición de Ley que se registró en el Parlamento por parte de los dos grupos que sustentan el Gobierno Regional y ha respondido a la elusión de la palabra dictadura en los antecedentes de la norma, algo que sí aparecía en el Decreto de 2018. «Debemos mirar más con profundidad los derechos y obligaciones, el texto articulado y quizás no fijarnos tanto en la parte expositiva, que no deja de ser la figuración del marco global en el que se inserta ese texto que se aprueba», ha explicado

Para el consejero de la Presidencia de Castilla y León la importancia de las normas jurídicas está en su Articulado y en la parte Dispositiva, que es donde se regulan los nuevos derechos y las nuevas obligaciones.

«Quizás estamos cargando mucho en la parte expositiva previa, cuando realmente, si alguien lee la Ley de Concordia de Castilla y León, es una Ley que contiene 20 artículos, supera en cuatro al anterior decreto que tenía la comunidad autónoma», ha defendido González Gago.

En cuanto a las numerosas reacciones adversas a la norma trasladadas desde partidos políticos y asociaciones de memoria histórica, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que la proposición de Ley de PP y Vox no genera división, ya que «lo que creó división fue una norma nacional que fue inspirada en la del 2012 en la redacción que hizo Bildu sobre la misma».

«La norma seguro que a quien no le gusta es a Bildu y a sus socios, que es quien apoyó la normativa nacional, extendiendo además todo el periodo a la época incluso del gobierno de Felipe González», ha relatado el portavoz.

De este modo, Fernández Carriedo ha insistido en que la Proposición de Ley arranca ahora con su trámite parlamentario y todos los representantes de la Comunidad tendrán la oportunidad de presentar las alegaciones al texto que consideren oportunas, además de buscar puntos de encuentro. «Ojalá se pueda alcanzar una posición común en el elemento central que buscamos, que es doble, por un lado la concordia y por otro lado el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas sin ninguna exclusión», ha defendido.

En cuanto a si esta Ley tendrá una dotación económica el consejero de la Presidencia ha recordado que al tratarse de una iniciativa que parte de los grupos de las Cortes no lleva una memoria económica incorporada, no obstante, ha asegurado que la aplicación de la normativa conllevará la dotación de recursos económicos necesarios para cumplir con el conjunto de derechos.

Así, ha relatado que actualmente se dedican fondos tanto autonómicos como del estado para asuntos de Memoria Democrática, unas cuantías que Castilla y León «agota» anualmente, por lo que ha asegurado que, como mínimo, el Gobierno autonómico seguirá destinando esa cuantía, aunque no la ha detallado.

González Gago ha insistido en que el texto presentado este martes por PP y Vox es el fruto de una «colaboración recíproca» entre los grupos y el Gobierno. «Los grupos parlamentarios consideraron que el protagonismo de su presentación y formulación le correspondía a la sede parlamentaria y eso es lo que se ha hecho», ha defendido.

El consejero se ha referido también al papel de las Asociaciones de Víctimas y ha defendido que el articulado del texto normativa reconoce su interés público y crea incluso un directorio oficial de asociaciones que actúan en Castilla y León. «Hay un reconocimiento total y absoluto de su trabajo y de su participación en todo lo que se refiere a la concordia y a la memoria democrática en el Estado», ha defendido.

Tras esta argumentación, el portavoz de la Junta ha defendido la necesidad de avanzar en concordia y rechazar el «frentismo» y ha zanjado que la norma presentada trabaja en esa dirección con el fin de reconocer «todos» los derechos de las víctimas. «En eso tenemos que centrarnos, de todas las víctimas, sin exclusión de su ideología, sin exclusión de sus convicciones religiosas», ha manifestado.