Junta andaluza dice que «ojalá» el Gobierno pueda cumplir el plazo de demoler el hotel del Algarrobico en cinco meses

SEVILLA, 12

El Gobierno andaluz ha resumido con un «ojalá» su escepticismo hacia la posibilidad de que el Gobierno cumpla con el plazo de cinco meses que se dio para la demolición del hotel del paraje El Algarrobico en Carboneras (Almería).

El primer paso se empezó a dar este martes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de Consejo de Ministros sobre la declaración de utilidad pública de bienes y derechos en ese municipio, y que supone en la práctica considerar expropiable un 50% de la superficie afectada por la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre: 16.432 metros cuadrados de una superficie de la parcela de 32.654.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha esgrimido que «ha empezado la cuenta atrás» del plazo que se marcó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien el 10 de febrero anunció esa iniciativa por parte del Gobierno con una comparecencia informativa in situ.

España ha sostenido que «en julio, según su anuncio, se cumplen los cinco meses para demoler» el hotel, por lo que se ha preguntado si «creen que se va a poder cumplir ese plazo», antes de expresar ese ojalá, así como sus dudas de que «nos tememos que haya otro cambio de opinión de la señora Montero».

La consejera y portavoz se ha cuestionado igualmente que el Gobierno haya optado por la vía ordinaria «en vez de elegir el procedimiento de urgencia» sobre los trámites administrativos que lleven a la expropiación del terreno a partir de la declaración de utilidad pública de los bienes y servicios, y a la que deberían seguir otras fases como la necesidad de ocupación del terreno, la declaración del justiprecio que abonar a la propietaria, su pago y la toma de posesión, según los pasos que contempla la Ley de Expropiación Forzosa.

España ha apuntado la posibilidad de que contra esa expropiación que iniciaría el Gobierno «se interponga un recurso y se judicialice», circunstancia legal que ha advertido «la señora Montero tiene que tener presente».

La consejera y portavoz, con la premisa de que «los que han cambiado de opinión es el Gobierno de España», ha recordado que en 2007 ya desistieron de ese procedimiento de expropiación por cuanto reconocieron entonces que «el procedimiento más rápido era anular la licencia» de obras que le concedió el Ayuntamiento de Carboneras, que en la actualidad esgrime su falta de recursos humanos para poder cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le insta a ello.

«No hemos cambiado de opinión, hemos dicho siempre lo mismo», se ha reafirmado España sobre la posición de la Junta de Andalucía.