Jueces por la Democracia ve «innecesario y sin efecto disuasorio real» el endurecimiento de penas a multirreincidentes
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado este sábado su «profunda preocupación» por el endurecimiento de las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa aprobado este jueves por el Congreso, ya que consideran que supone «un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico» y es «innecesario porque no tiene un efecto disuasorio real».
Según han explicado en un comunicado, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros contemplada en la reforma impulsada por Junts –apoyada también por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN– «no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad».
«La experiencia tras la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces y la cuantía supere los 400 euros) demuestra que el endurecimiento punitivo por sí solo no tiene un efecto disuasorio real, pues desde que se aprobó aquella modificación los hurtos han crecido más de un 20%», han apuntado.
Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal. La reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos globalmente más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.
La asociación judicial progresista sostiene que la solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos «para agilizar la detección, verificación y enjuiciamiento de los supuestos de multirreincidencia y no simplemente elevar las penas». Y recuerda que España tiene los índices de reclusión penitenciaria más altos de la Unión Europea y, en cambio, uno de los índices de delincuencia más bajos.
Jueces y Juezas por la Democracia advierten que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, «desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia el control meramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza».
Por todo ello, instan a los poderes públicos a abandonar la senda del populismo punitivo y a apostar por una Justicia «reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución».
