JUCIL pide que los guardias civiles puedan portar cámaras que graben sus intervenciones policiales

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, ha solicitado este lunes a la directora general de esta institución, María Gámez, que se autorice a los guardias civiles a portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones policiales, ya que, «incrementará el nivel de seguridad a la Guardia Civil y también beneficiará a los ciudadanos».

Según ha recogido JUCIL a través de un comunicado, se ha solicitado el uso de estos dispositivos «sobre todo» para los agentes que prestan servicio en el área de Seguridad Ciudadana, pero también los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia, además de aquellos que intervienen en zonas de especial nivel delincuencial.

En concreto, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha explicado que desde la asociación piden que se dicten las disposiciones normativas precisas que «garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil», y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones.

«Pasando a ser elementos de dotación, y sin perjuicio de que incluso puedan ser adquiridos por los miembros de la Guardia Civil interesados en contar con ellos», ha apostillado.

En este sentido, a través de su secretario nacional Jurídico, Alberto Álvarez, la asociación ha hecho llegar la solicitud a la Dirección General de la Guardia Civil para que sea este órgano quien aclare una normativa que, para la asociación profesional, «resulta confusa y contradictoria» sobre la posibilidad de que los guardias civiles puedan portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales.

AUMENTO DE LAS AGRESIONES Y DE LAS DENUNCIAS

La solicitud de JUCIL se ve enmarcada en una situación que, según ha detallado, coincide con un aumento de agresiones a guardias civiles donde a veces «resulta difícil identificar al autor o autores de esos hechos».

Además, ha indicado que se observa un incremento del número de denuncias, y de expedientes disciplinarios, contra los propios miembros de la Guardia Civil. «Sometiendo a los guardias a un juicio de versiones contradictorias al carecer de elementos que permitan acreditar cómo acontecieron los hechos que dieron lugar a la actuación», ha denunciado Vilariño.

Por ello, según ha subrayado JUCIL, esta situación se ve agravada en lugares en los que, «por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos», los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal.

«En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad» ha añadido el secretario general de JUCIL.

Igualmente, Vilariño ha recordado que estos hechos cobran «mayor relevancia» en lugares de especial conflictividad y nivel delincuencial. Tal y como ha trasladado, es en estas zonas donde grupos organizados y experimentados recurren «de forma habitual» a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, «alegando vulneraciones de derechos fundamentales», ha dicho.

BENEFICIOSO PARA LOS CIUDADANOS

En beneficio de los ciudadanos JUCIL ha destacado que «gozar de un sistema que permita la acreditación de cómo han ocurrido los hechos» también es un claro beneficio para los ciudadanos, quienes podrán contar con un elemento de prueba que les permitirá el pleno uso del derecho de defensa frente a los hechos – penales o administrativos- que le imputen los miembros de la Guardia Civil.

«Nos remitimos a la experiencia de otros países en los cuales están plenamente autorizados esos medios de grabación y que han servido para amparar los derechos de los ciudadanos ante supuestos de abusos en el ejercicio de la función policial», ha concluido el secretario general de la asociación.