Jucil lamenta que en 2021 no haya habido avances en la equiparación salarial entre Guardia Civil y la Policía autonómica

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha hecho balance de 2021 y ha lamentado que durante el año pasado tampoco se hayan registrado avances en su principal objetivo, «la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos».

Así lo comunicó el secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, que indicó que durante el año pasado «unos y otros han sido cómplices de la inacción y se han caracterizado por no aportar soluciones en diversas materias», por lo que calificó 2021 como un «un año perdido» para los compañeros de la Guardia Civil.

«Pero aquí estamos y para eso, para recordar que aún hay brechas salariales que coser y derechos que reclamar para una entidad muy bien valorada por la sociedad, pero que vive abandonada, discriminada desde hace décadas por los gobernantes», afirmó.

Desde la asociación calificaron como «imprescindible» que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, apueste por reforzar la plantilla de la Guardia Civil, «adaptándola a las singularidades de la España vaciada».

Así, Vilariño apuntó que la Guardia Civil tiene en la actualidad 1.942 acuartelamientos y se encarga de la seguridad de miles de municipios en una extensión en la que residen casi las dos terceras partes de los ciudadanos y en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación.

En esta línea, el secretario general de Jucil avanzó que desde la organización van a proponer en el Consejo de la Guardia Civil un estudio que contemple la reestructuración del actual despliegue territorial a través de un modelo más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos.

El secretario general se mostró preocupado con que los guardias civiles que prestan servicios en el medio rural «acaban considerando estos destinos como un lugar de paso, hasta que obtienen plaza en capitales de provincia».

En su balance de 2021, Vilariño también señaló que la reducción en el número de efectivos «ahonda la despoblación» en aquellos rincones de España donde la cifra de guardias civiles es inferior a la prevista en la actual plantilla.

De esta forma, recordó que en la actualidad el número de vacantes supera las 10.000 en toda España, «pero se hace especialmente agudo en las áreas rurales donde la actual situación provoca un incremento del grado de inseguridad de los bienes y propiedades de los residentes en los miles de pequeños núcleos urbanos en los que, en muchas ocasiones, los guardias civiles son algo más que servidores del orden público para convertirse en carteros, acompañantes, visitantes diarios o repartidores de medicamentos y un rato de compañía».

Por otra parte, el secretario general de Jucil destacó que en la primera reunión de 2022 en el Consejo de la Guardia Civil, la asociación pedirá «de manera urgente» el despliegue de un plan de prevención de suicidios que acabe «con esta auténtica sangría que a lo largo del año se llevó a 17 compañeros».

«Las medidas adoptadas hasta ahora han demostrado que no son suficientes para impedir que haya compañeros que no vean más futuro. Hay que modificar los protocolos, facilitar la instalación de armeros en las dependencias y ofrecer todo tipo de ayuda a quienes la necesitan. En esta familia nadie lucha solo y nadie debe sentirse nunca tan abandonado como para no encontrar una solución mejor a la que tristemente terminan por tomar», subrayó el secretario general de Jucil.