JJpD avisa que la defensa de Interior a la devolución de menores «no se sostiene» y pide responsabilidades al Gobierno
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha avisado de que la defensa del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a la devolución de menores a Ceuta en agosto de 2021 «no se sostiene ni ética ni jurídicamente» y ha exigido al Gobierno que asuma «responsabilidades».
«La defensa que hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños no se sostiene ni ética ni jurídicamente», ha advertido la JJpD en un comunicado tras la sentencia del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad de la mencionada devolución de menores.
Asimismo, ha criticado que la defensa que hace el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «contrasta con los principios de la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño a ser escuchado, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente».
La JJpD ha aseverado, en este sentido, que la sentencia del Tribunal Supremo «pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la vía de hecho». «Esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares», ha censurado.
Igualmente, ha alertado de que se hicieron «sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación».
Así, ha avisado de que en estas devoluciones «se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas».
Por ello, la JJpD ha exigido «la asunción por parte del gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de estos niños». «La cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad», ha sentenciado.
