Izquierda Española tacha de «irracionalidad» el traspaso de la política migratoria a «fuerzas supremacistas»
Izquierda Española ha tachado de «irracionalidad» el traspaso de la política migratoria a Cataluña y a «fuerzas supremacistas», en referencia al acuerdo entre PSOE y Junts a cambio de que la formación de Carles Puigdemont se abstuviera en la votación de los decretos del Gobierno.
Por ello, desde Izquierda Española han exigido a los partidos de la coalición gubernamental que rectifiquen en la cesión de la política migratoria «a fuerzas supremacistas» además de «parar la irracionalidad que supone que una materia tan sensible en cuestiones de derechos humanos entre también en la dinámica de la centrifugación competencial», ha subrayado el partido en un comunicado.
Entre otros puntos pactados por PSOE y Junts in extremis para permitir la aprobación de los decretos que se han votado este miércoles en el Senado, han sido modificar la ley de sociedades para facilitar el retorno de empresas a Cataluña, el IVA al 0% para el aceite y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.
Este último punto ha sido también criticado por el partido liderado por Guillermo del Valle, que ha apuntado que las balanzas fiscales son un «pretexto ficticio para no redistribuir» y que los impuestos los pagan las personas y no los territorios.
«Los nacionalistas catalanes consideran que no se debe redistribuir con los de «fuera» porque su proyecto es convertir en extranjeros a millones de personas, especialmente de las regiones más pobres y desfavorecidas de España. El confederalismo y los privilegios fiscales conducen a la degradación del Estado Social y a mayores niveles de desigualdad», ha apuntado el partido.
En este punto, Izquierda Española ha recordado que «importantes líderes del nacionalismo catalán» han mantenido «posiciones abiertamente racistas y xenófobas» y que Junts ha mantenido una actitud «complaciente» con grupos ultras «extremadamente racistas» entre los que ha citado a Aliança Catalana, algo que, a su juicio, «acentúa el peligro de la cesión competencial en materia de inmigración».
