IU recopila incidencias con el voto rogado para presentar una denuncia colectiva ante el Defensor del Pueblo

Izquierda Unida ha creado un buzón virtual para recopilar incidencias en el funcionamiento del voto rogado destinadas a presentar una denuncia colectiva ante el Defensor del Pueblo y otras instituciones y organismos.

En concreto, la federación de IU en el exterior invita a quienes tuvieron problemas para votar en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre a relatar sus experiencias, que servirán de base para esa denuncia contra un sistema que consideran «nefasto».

Las personas interesadas pueden detallar los problemas a los que han tenido que hacer frente al rogar su voto el buzón virtual iuexterior.org/contacto .

La federación que lidera Alberto Garzón denuncia que desde la implantación del voto rogado en aquella reforma electoral aprobada en 2011 por parte de PP, PSOE, CiU y PNV, la participación de los españoles que viven fuera del país nunca ha superado el 7% de votos reales.

«A pesar de las diversas promesas de derogación, el voto rogado ha seguido dificultando a más de 2,5 millones de personas de origen español que pudieran ejercer su derecho al voto con las suficientes garantías», se quejan.

80.000 SE QUEDARON SIN VOTAR

Añaden que, según las cifras del portal Maldito Dato, en los comicios del 10 de noviembre, más de 80.000 españoles que completaron los trámites para solicitar el voto desde el extranjero no pudieron hacerlo.

La corresponsable de Acción Política de IU Exterior, Nerea Fernández, denuncia que es «la propia Administración del Estado la no cumple con su deber de otorgar el voto a todo aquel residente en el exterior», ya sea permanente o temporal, «porque no siempre llegan los sobres con los votos»,

«Estamos ante la violación de un derecho fundamental que reconoce la Constitución, además de una vulneración de la propia ley electoral», abunda Fernández, para quien «en la práctica no sirve de nada que se reconozca el derecho al ejercicio del voto de las personas residentes en el extranjero y que sea la Administración la que tenga en mandato de asegurar la disponibilidad de las papeletas y los sobres de votación».

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