IU plantea jornada laboral de 32h en el sector público y recuperar la indemnización por despido de 45 días

Pide que la prestación por desempleo nunca sea inferior al SMI y establecer precios fijos para la energía nuclear e hidroeléctrica

IU recoge entre sus propuestas programáticas a las elecciones del 23J, que pone a disposición de Sumar, la recuperación de los salarios de tramitación que suprimió el PP en 2012, establecer en la legislación que la prestación por desempleo no sea inferior al salario mínimo interprofesional y evaluar la opción de recuperar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado.

La formación propone también reducir la jornada laboral a las 32 horas semanales en la administración pública, así como incentivar esa minoración en el resto de sectores económicos, en línea con una de las principales reivindicaciones que ha abanderado Sumar.

Otra línea es el impulso de empresas con participación estatal en sectores estratégicos, desplegar un ingreso mínimo vital energético para familias vulnerables, con coste reducido o incluso nulo dependiendo de los casos. Y una nueva Ley del Sistema Eléctrico que permita fijar un precio fijo para la energía nuclear y la hidroeléctrica, para así evitar los denominados beneficios caídos del cielo que ahora gana un sector que define como «oligopolio».

Por otro lado, reivindica medidas para revertir «privatizaciones y externalizaciones» de los servicios públicos, para así garantizar su gestión en manos de las administraciones.

Así lo recoge uno de los bloques en los que se divide la propuesta programática de IU, a los que ha tenido acceso Europa Press, referido a las medidas económicas. El conjunto del programa contiene más de 700 propuestas, tras haber sido aprobado por la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de la formación. IU las aporta ahora a Sumar, que está en la fase de coordinación de su oferta programática electoral, trabajo que coordina la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, y cuya presentación apunta a la semana próxima.

Uno de los principales puntos de dicho documento es el impulso de un nuevo estatuto del Trabajo para el siglo XXI para potenciar los derechos laborales. En este punto, IU apuesta por recuperar los salarios de tramitación que fueron suprimidos por la reforma laboral de 2012 durante la etapa del PP en la Moncloa, así como rescatar la indemnización de 45 días y las 42 mensualidades de indemnización máximas.

En esta línea, ahonda en reforzar dentro de dicho estatuto que el SMI esté ligado al menos al 60% del salario medio del país, así como potenciar el derecho del trabajador a realizar actividad solo en la jornada pactada, es decir, a no hacer horas extra.

PLAN DE EMPLEO GARANTIZADO PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

Ya en otro plano, IU reivindica el despliegue de un Plan de Empleo Garantizado , preferentemente dirigido a parados de larga duración mediante convenios entre el Estado con comunidades y ayuntamientos.

Mientras, en el plano económico IU redunda en una idea ya esbozada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y defiende poner en marcha un Observatorio de Márgenes Empresariales, que dependerá del Ministerio de Economía, para posibilitar un reparto más justo de los beneficios entre empleados, accionistas y altos ejecutivos. También señala que ayudará a «domeñar la inflación sin necesidad de destruir la economía».

También plantea reformar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), al entender que el regulador no está cumpliendo objetivos que tiene encomendados.

En otra dimensión del ámbito laboral, la formación recomienda el despliegue de un «plan de choque» contra la siniestralidad laboral, aumentar los efectivos en la Inspección de Trabajo y desplegar la representación sindical en el trabajo autónomo.

Por otro lado, IU propone en materia de contratación pública que se aprueben acuerdos marcos que «homogeneicen «las condiciones laborales en la gestión indirecta de servicios públicos a la hora de efectuar contrataciones desde la administración pública, prohibición del uso de empresas de trabajo temporal y no poder adjudicar con empresas sobre las que pesen sanciones graves en materia laboral.

REFORMA PROFUNDA DEL MERCADO ENERGÉTICO

Dentro de la esfera energética, la formación detalla su apuesta por el desarrollo de las renovables, así como reformular el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista con criterios de eficiencia y transparencia, con la meta de abaratar la factura de la luz.

En esta línea y para elevar la supervisión estatal del mercado, baraja la opción de fijar precios públicos intervenidos por el Gobierno de forma temporal que sustituirá la tarifa PVPC, que inicialmente se calcularía sobre el precio medio los últimos 10 años y luego en base del calculo de la CNMC sobre los niveles de los últimos seis meses. Junto a ello, requiere una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España.

También insta a recuperar el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica del 7% con el que se grava a los productores de electricidad y mantener la reducción fiscal del IVA al 5% para consumidores domésticos.

Así, insiste en potenciar la intervención pública en este sector y convertir a Hunosa, integrada en la SEPI, en una empresa pública de energía que gestione centrales de generación hidráulica cuya concesión vaya caducando.

Mientras, IU defiende que se utilicen los 98 millones de metros cuadrados de suelo rústico en manos de la Sareb para aumentar la fotovoltaica y eólica, con una estimación de abastecer con energía limpia a 250.000 hogares.

En agricultura y ganadería también demanda que la Sareb ceda suelo para explotaciones sostenible, control exhaustivo con sanciones ante incumplimientos de la cadena alimentaria, desplegar un programa de bancos públicos de tierra y restringir la compra de tierras agrarias por inversores no comunitarios. A su vez, apuesta por el apoyo a la ganadería extensiva en el despliegue de la PAC.