IU pide al Gobierno medidas ante el aumento de «ataques fascistas» contra su formación y otras fuerzas progresistas

Subraya que atentan contra el derecho fundamental de libertad ideológica

La diputada de IU en el Congreso Roser Maestro ha reclamado al Ejecutivo medidas ante los «ataques fascistas» que ha sufrido su formación y el PCE, como los que tuvieron lugar este fin de semana contra sedes en la Comunidad Valenciana.

Para la parlamentaria, estos ataques se han padecido diversas formaciones progresistas durante los últimos años y atentan contra el derecho fundamental a la libertad ideológica y de expresión.

Maestro ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo, a raíz del ataque perpetrado el pasado fin de semana contra la sede que comparten Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y el Partido Comunista de España (PCE) en la localidad de Manises (Valencia), que se suma a la larga lista de los que «viene sufriendo» esta formación.

Entre otras cuestiones, la diputada de IU en el grupo confederal de Unidas Podemos interroga al Ejecutivo si «tiene constancia de este aumento de acciones violentas de índole fascista contra personas o sus bienes, o aquellos pertenecientes a formaciones políticas de izquierda, sindicatos o movimientos sociales, entre otros».

URGEN MEDIDAS

También plantea conocer si el Gobierno «va a adoptar medidas urgentes en el marco de sus competencias para garantizar el libre ejercicio de la libertad ideológica y la no injerencia violenta de grupos fascistas» y, en caso afirmativo, pide que se detallen.

Maestro relata que durante el ataque a la sede de Esquerra Unida en Manises, se arrancó y sustrajo el rótulo informativo de la fachada donde, además de los logotipos del PCE y de EUPV con el lema Casa del Pueblo. Espacio social y político de la clase trabajadora .

Este cartel fue hallado dos días después en una calle de la capital valenciana, «seriamente dañado y repleto de pegatinas con contenido y simbología fascista y nazi». Ante ello, la formación interpuso una denuncia ante la Policía Nacional

Roser Maestro expone en el texto de su iniciativa que este ataque «se suma a las numerosas acciones violentas que se suceden contra distintas sedes de IU en diferentes localidades del país, de cuya autoría no se suele tener ningún conocimiento posterior, a pesar de haberse denunciado en todos los casos relevantes».

«Pero Izquierda Unida no son el único objetivo de estos grupos, también han sufrido ataques sedes de otras formaciones políticas, sindicatos y diferentes movimientos sociales. Este incremento de las acciones violentas de grupos de extrema derecha se está produciendo al mismo tiempo que cargos públicos enaltecen públicamente el fascismo desde sus posiciones oficiales», insiste.

SE PONE EN PELIGRO LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Por ello, advierte al Gobierno que «el aumento de los ataques contra determinadas organizaciones progresistas y las personas que las apoyan al mostrar públicamente su opción política es perfectamente constatable».

De esta forma, aprecia que esta sucesión de ataques «pone en peligro las aspiraciones de participación política de gran parte de la ciudadanía, en cuyo seno aumenta la inseguridad y el miedo a la hora de expresar sus opiniones políticas, su pertenencia a fuerzas políticas alternativas o su participación en movimientos sociales».

«Las autoridades, en estricta aplicación de la legislación vigente, tienen la responsabilidad de defender los derechos de estas personas y actuar como garantes de la Constitución, ya sea para preservar el derecho fundamental a la libertad ideológica y de expresión, como a la hora de velar por la seguridad de toda la ciudadanía», apunta la diputada valenciana de IU.

Por tanto, solicita conocer si el Ejecutivo prepara «algún plan concreto para responder legalmente de manera efectiva contra estos grupos que demuestran estar en contra del ordenamiento jurídico actual y de los intereses generales» y si va a «revisar de algún modo la legislación vigente para perseguir y terminar» con este tipo de actuaciones.

Finalmente, requiere al Gobierno datos sobre cuántas denuncias por esta causa se han formalizado al menos en los últimos tres años y si tienen constancia del «número de agresiones o acciones violentas de índole fascista contra personas o bienes en el territorio valenciano en este mismo periodo».