Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, publicado en la revista OCU-Salud de abril sobre las pseudoterapias, terapias alternativa sin ningún tipo de soporte científico, muestra que muchos de los que optaron por estas técnicas «se sintieron engañados, aunque ninguno denunció la práctica a las autoridades o a las asociaciones de consumidores».

Los motivos para recurrir a una pseudoterapia tienen que ver con la falta de respuestas satisfactorias de la medicina convencional, pero también con la falta de empatía, tiempo y disponibilidad del personal sanitario, así como con la sobre medicación. Y fueron auspiciadas por un conocido o un familiar.

Según el estudio de OCU, el primer contacto fue positivo: el terapeuta explicó los fundamentos del tratamiento en un lenguaje fácil y comprensible y sintieron cierta relajación y sensación de bienestar. Pero tras la primera sesión, con un precio medio de 35 euros, pocos repitieron, ya que no observaron posteriormente mejora alguna de su estado de salud.

Desde la OCU señalan que «sus usuarios tampoco suelen investigar mucho sobre la pseudoterapia elegida», ya que el estudio muestra que desconocen si hay pruebas de su eficacia o fuentes que la descarten como práctica sanitaria válida. No obstante, «el primer contacto fue positivo: el terapeuta explicó los fundamentos del tratamiento en un lenguaje fácil y comprensible y sintieron cierta relajación y sensación de bienestar. Pero tras la primera sesión, con un precio medio de 35 euros, pocos repitieron, ya que no observaron posteriormente mejora alguna de su estado de salud».

Desde la OCU lamentan la desinformación sobre los presuntos efectos saludables de las pseudoterapias y solicitan una ley que las regule. «Una normativa específica que obligue a dar a conocer cualquier informe de evaluación de sus efectos reales, al tiempo que regule su publicidad en los medios de comunicación», señalan.

Asimismo, recomiendan a los consumidores interesados en seguir alguna terapia alternativa informarse antes sobre las evidencias científicas que respaldan sus supuestos efectos sobre la salud, buscar si hay centros autorizados por la consejería de sanidad, solicitar al terapeuta su titulación como licenciado o diplomado sanitario y, en el caso de observar una mala praxis o un fraude, denunciarlo a las autoridades sanitarias o de consumo.