Interior explica a sindicatos que la nueva Ley de Seguridad ofrecerá garantía jurídica a policías y manifestantes

El Ministerio del Interior ha explicado en la ronda de contacto abierta con los sindicatos policiales, el último celebrado ayer con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se enfrenta todavía a meses de tramitación parlamentaria y que el compromiso del Gobierno es que el texto final ofrezca un «marco jurídico que dote de seguridad» a los agentes y también a los manifestantes.

Según explican desde el SUP, en la reunión de este lunes Grande-Marlaska les insistió en que la reforma de la conocida por sus detractores como Ley Mordaza –aprobada por el PP con mayoría absoluta en 2015– es «todavía un proyecto y que, en consecuencia, están abiertos a introducir modificaciones», valorando las propuestas que lleguen desde los sindicatos, que ya han convocado varias manifestaciones.

MANTENER EL ORDEN PÚBLICO

Fuentes de Interior consultadas por Europa Press indican que el compromiso del Gobierno se mantiene intacto: se va a reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 porque entienden que «limita derechos constitucionales» como el de reunión y manifestación, pero se hará ofreciendo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un «marco jurídico que dote de seguridad a su actuación y preservando el orden público».

En este sentido, subrayan la extrañeza por parte del equipo directivo del Ministerio ante la convocatoria de manifestaciones, que arrancan el 24 de noviembre en las delegaciones del Gobierno, creándose para ello una plataforma que agrupa a varias organizaciones de Policía y Guardia Civil, así como de policía local.

El 27 de noviembre es la plataforma Jusapol la que ha llamado a todas las organizaciones a participar en una «gran manifestación» en Madrid, según anunció JUPOL tras reunirse con Grande-Marlaska el pasado jueves. Los principales partidos de la oposición han respaldado el calendario de movilizaciones.

Según las fuentes de Interior, «no hay nada aún cerrado» porque ahora mismo se está en el plazo para, tras la presentación de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, redactar una ponencia que sea aprobada por la Comisión de Interior del Congreso y, posteriormente, por el Pleno de la Cámara. Los trabajos calculan que se pueden dilatar durante meses.

SINDICATOS OÍDOS EN EL CONGRESO EN 2018

Recuerdan desde el Ministerio que los sindicatos policiales ya fueron oídos por la Comisión de Interior en noviembre de 2018, a raíz de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley del PNV. Los trabajos decayeron por la disolución de las Cortes debido a las dos elecciones generales convocadas meses después, pero ahora se retoman dentro del compromiso del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de derogar la conocida como Ley Mordaza.

En noviembre de 2018, SUP, CEP, UFP y SPP mostraron su rechazo frontal a modificar la Ley Mordaza, expresando su preocupación por la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que regulaba cacheos y toma de imágenes de los agentes. También criticaron las propuestas de los grupos relacionadas con el derecho de manifestación, las identificaciones o la resistencia y desobediencia.

La instrucción dictada en 2018 por el departamento de Fernando Grande-Marlaska pasaba a exigir que se acreditara el peligro explícito que suponía para un policía ser fotografiado mientras prestaba un servicio en la calle. Según denunciaron entonces los sindicatos, esto requiere de una «labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle», en una intervención en la que normalmente hay «tensión y riesgos inherentes».

Entendían que esta instrucción dictada a los pocos meses de la llegada de Grande-Marlaska a Interior suponía la «abolición por la vía de los hechos» de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante la pandemia por la COVID-19, sin embargo, el Gobierno recurrió a esta misma ley aprobada por el PP en 2015 como marco regulador para imponer un millón de multas por incumplir las restricciones de movilidad, en cumplimiento de un Real Decreto que luego ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

En las reuniones con Grande-Marlaska dentro de la ronda de contacto iniciada la semana pasada –asociaciones de la Guardia Civil, que acaban de celebrar elecciones internas, se quejan de «ninguneo» por no citarles–, los sindicatos de la Policía Nacional piden una «equiparación exacta» de los sueldos con las policías autonómicas, así como declarar Cataluña y el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad o modificar la jornada laboral y la ley de condecoraciones de 1964.