Intergrupos parlamentarios piden que España exija el «escrupuloso respeto a los derechos humanos» en el Sahara

Reclaman a la ONU que promueva sin más dilación la solución del conflicto mediante «el ejercicio al derecho de autodeterminación»

VITORIA, 14

La XXVII Conferencia de los intergrupos parlamentarios «Paz y Libertad en el Sahara» ha instado al Gobierno de España a que exija a Marruecos «el escrupuloso respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental» y el cese de «las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui». Además, ha reclamado a la ONU que promueva sin más dilación la solución del conflicto mediante «el ejercicio al derecho de autodeterminación».

El Parlamento Vasco acogió este pasado sábado, 13 de enero, la XXVII Conferencia de los intergrupos parlamentarios «Paz y Libertad en el Sahara», con la participación de parlamentarios de numerosas cámaras legislativas de todo el Estado que, a través de varias conferencias, abordaron el conflicto saharaui desde ámbitos diferentes.

En la jornada participaron parlamentarios del Parlament de Catalunya, Parlamento de La Rioja, de Navarra, Cortes de Aragón, de Castilla- La Mancha y de Castilla y León, Parlament de les Illes Balears, Parlamento de Cantabria, Asamblea de Madrid y Parlamento de Canarias.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, abrió el acto, junto con Dih Mohammed Noucha, representante del Parlamento saharaui, y Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en el Estado. La intervención del parlamentario Carmelo Barrio, coordinador del intergrupo del Parlamento Vasco Paz y Libertad para el Sahara , cerró el acto de apertura.

Como consecuencia del encuentro, la Conferencia de Intergrupos ha decidido reiterar su llamamiento al Gobierno de España para que exija a Marruecos «el escrupuloso respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui».

Además, le ha instado a trabajar activamente, en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea, «para que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental) vea ampliadas sus funciones también a la vigilancia y salvaguarda del cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental».

También le demanda que «se avance hacia el otorgamiento de un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU» y el aumento de la cooperación y la ayuda humanitaria con la población saharaui, «tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios liberados al constatar con preocupación la reducción de las aportaciones de la Agencia Española de Cooperación en los últimos años».

DECLARACIÓN

La jornada, desarrollada durante toda la jornada del sábado, concluyó con la aprobación de una declaración en la que los representantes parlamentarios se ratifican en las sucesivas declaraciones aprobadas desde 1992, y que exige, en base a las resoluciones de Naciones Unidas, el «más estricto respeto al Derecho Internacional del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación mediante referéndum, como último paso al proceso de descolonización que persiste desde hace décadas».

En el texto, la Conferencia vuelve a expresar su disconformidad con el «cambio radical e histórico del presidente del Gobierno de España sobre el Sahara Occidental». «Una vez más afirmamos que el Frente Polisario es el legítimo y único representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU y la comunidad internacional», afirma.

También señala que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental «es ilegal» y «no puede tener efectos jurídicos o políticos que menoscaben el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia».

«Sigue siendo muy necesario el trabajo de distintas misiones parlamentarias, para constatar las graves vulneraciones en los territorios ocupados de los derechos de expresión, reunión, asociación y manifestación hacia la población saharaui y la exigencia de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos».

Por otro lado, alude las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, al manifestar que «la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU».

Por ello, creen «necesario» que España y la Unión Europea «inicien negociación con el Frente Polisario en orden a establecer las oportunas relaciones comerciales y económicas».

De acuerdo con lo tratado en la Conferencia de Intergrupos parlamentarios en Vitoria, se acuerda «constatar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sometido al Derecho Internacional que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos» y, por ello, le exige «que cese la ocupación ilegal», seguir considerando «de referencia» el auto de la Audiencia Nacional que se pronuncia sobre España como «potencia administradora de iure» del Sáhara Occidental y exigir a Marruecos «la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis».

También acuerda instar a Naciones Unidas «a que promueva sin más dilación la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental» mediante «el ejercicio al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con celebración del referéndum» e instar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a que nombre a un Relator de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental.

Asimismo, denuncian «el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos» y exigen a las empresas que operan en la zona «el respeto al derecho internacional y a los derechos de la población saharaui».

También pide a la Minurso que «amplíe sus funciones y cometidos en el Sáhara Occidental» y que sea dotada de «la potestad para la vigilancia y salvaguarda de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados».

Otra de los puntos reclama a las instituciones públicas del Estado español a «continuar e incrementar el apoyo económico, solidario y humanitario, tanto a la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados».

La declaración aprobada será remitida al secretario general de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, a la Casa Real de España, al Gobierno de España, a la Comisión Europea, a la Representación del Frente Polisario en España, al Parlamento Saharaui (Consejo Nacional Saharaui), al Gobierno de Marruecos, a la Unión Africana, al Parlamento Europeo, al Parlamento Africano, al Congreso y Senado de España y a los Parlamentos autonómicos.