Indra Sistemas plantea a sindicatos no aplicar ERE si acuerdan jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas

Estas medidas deben permitir a la empresa alcanzar sus objetivos de reestructuración de plantilla

Indra Sistemas, filial de la compañía que engloba su división de Defensa y Seguridad, Transporte y Tráfico Aéreo, ha comunicado a los sindicatos que se plantearía no llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si ambas partes llegan a un acuerdo sobre la aplicación de jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas que permitan a la empresa alcanzar sus objetivos de reestructuración de plantilla.

Así se lo ha trasladado la compañía a la representación legal de los trabajadores en el marco de la nueva reunión de negociación celebrada este jueves para llegar a un acuerdo sobre las medidas necesarias para llevar a cabo una reestructuración de su plantilla, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.

En la primera reunión del 6 de noviembre, Indra Sistemas planteó la necesidad de amortizar 240 puestos de trabajo debido a la caída de los resultados, así como al descenso de la demanda de sus clientes y los cambios estructurales del negocio, que han provocado que la estructura, la organización y los perfiles profesionales actuales de la plantilla impacten en su eficiencia, productividad y competitividad.

Entonces, la compañía indicó que la propuesta de reestructuración posibilita configurar una estructura de plantilla optimizada, ajustada en mayor medida al contexto del mercado, caracterizado por cambios relevantes en las necesidades y la demanda de los clientes de los sectores en los que opera Indra Sistemas, y permite dar lugar a una organización con mayor grado de eficiencia y competitividad.

Indra Sistemas tiene una plantilla de 6.263 empleados y, a cierre de septiembre de 2020, la plantilla del conjunto de Indra era de 27.963 profesionales en España y 47.922 en todo el grupo. La amortización de 240 puestos de trabajo propuesta afecta por lo tanto al 3,8% de la plantilla de Indra Sistemas y un 0,85% de la plantilla de Indra en España.

PLAN DE ACCIÓN

La reestructuración de la plantilla de Indra Sistemas se enmarca en el plan de acción anunciado en julio por la empresa de tecnología y consultoría para superar sus actuales dificultades, adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y de demanda, eliminar ineficiencias y mejorar su competitividad.

Entre sus principales líneas de acción destaca la reducción de costes de no personal, la mejora de los procesos internos y nuevos modelos de trabajo, reorientar la inversión en gastos de capital (capex) y ajustes de balance, junto a la necesaria transformación de la plantilla.

El pasado día 19 Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (ISTI), su filial de Tecnologías de la Información (TI), y una amplia mayoría de la representación legal de los trabajadores alcanzaron un acuerdo sobre su reorganización laboral que supondrá la salida de la compañía de 580 trabajadores, frente a los 1.036 recogidos en la propuesta inicial.

Indra señaló entonces en un comunicado ambas partes han hecho un esfuerzo para lograr un acuerdo que minimiza el impacto del proceso de reestructuración en el volumen de empleo gracias a la incorporación de un conjunto medidas alternativas de flexibilidad interna para reducir el número de afectados por la amortización de puestos de trabajo y mejorar la formación y recualificación de un grupo importante de empleados.

Entre ellas, se encuentra la suspensión temporal del contrato de trabajo (ERTE) como medida para facilitar la formación y recualificación profesional y, por tanto, la conservación del empleo, para un máximo de 125 trabajadores. Durante un periodo de seis meses, estos estarán obligados a realizar el programa de formación y recualificación profesional elegido y sufragado por la empresa, lo que permitirá al empleado obtener una certificación de aptitud en determinadas habilidades relevantes para mejorar su empleabilidad.

Asimismo, también se acordó un ajuste salarial para un colectivo de empleados con salarios notablemente superiores a la media de su rol o actividad, como medida para la conservación del empleo, que afectará a un máximo de 100 trabajadores.