Illa niega «trato de favor» hacia la familia del etarra Gutiérrez Carrillo por ir a verle a prisión en Valencia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado este domingo que exista un «trato de favor» hacia el etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo, preso en la cárcel de Picassent (Valencia), por el hecho de que su familia fuera a verle a prisión desde el País Vasco.

El padre de Gutiérrez Carrillo falleció recientemente y ante una situación de este tipo, los reclusos pueden optar a un permiso extraordinario de salida para asistir a las pompas fúnebres. En cambio, en esta ocasión, fue la familia del etarra la que solicitó ir a visitarle al centro penitenciario, dado que su pareja, la también terrorista María Lizarraga Merino, cumple condena en la misma prisión.

Debido a que Valencia ya estaba en la fase 1 de la desescalada cuando tuvo lugar la visita, ésta incluía la comunicación por locutorio. Instituciones Penitenciarias, por tanto, facilitó a la familia del reo un justificante para que se desplazara a Picassent.

«El decreto del estado de alarma permite en qué casos se permite la movilidad entre distintas provincias. No hay trato específico de favor a nadie, es de los casos tipificados en el decreto», ha afirmado Illa en rueda de prensa en Moncloa, tras lo cual se ha remitido a las explicaciones dadas por el Ministerio del Interior.

Desde Instituciones Penitenciarias han informado a Europa Press de que se trata de una situación familiar grave en la que se ha cambiado el permiso excepcional del que podría gozar el preso por un justificante para que fuera su familia la que le visitara en prisión. Un tratamiento que no se diferenciaría de ningún otro preso en su misma situación, apuntan las mismas fuentes.

Precisamente, Interior aprobó recientemente el traslado tanto de Íñigo Gutiérrez Carrillo como de Lizarraga Merino al Centro Penitenciario Madrid VI, en Aranjuez. El primero ingresó en prisión en julio de 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en enero de 2019 y, según Interior, «ha aceptado la legalidad penitenciaria».

Lizarraga Merino también entró en la cárcel en 2008 y tiene una condena de 19 años y 13 meses por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, robo y hurto.