Igual defiende a los empleados municipales querellados por Ascany les ofrece los servicios jurídicos del Ayuntamiento

Asegura que han actuado con «profesionalidad y rigor» e insiste en que los incumplimientos de la exconcesionaria de basuras están acreditados

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha destacado «la profesionalidad y el rigor» con la que, según ha dicho, han actuado los tres empleados municipales querellados por la UTE Ascan-Geaser, que era la concesionaria hasta ahora del contrato de limpieza y basuras y a la que se les ha rescindido el contrato.

La querella criminal interpuesta por la UTE, presentada el pasado 7 de octubre pero conocida hace solo unos días, está dirigida contra el interventor municipal, Ignacio Gómez; la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito, por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes, como la realización de descuentos en las facturas.

Igual ha subrayado en un comunicado que estos trabajadores han ejercido la labor de control y fiscalización del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras «con responsabilidad y con compromiso hacia su trabajo y hacia sus obligaciones ante los santanderinos».

«No vamos a tolerar que se ponga en cuestión la honestidad y el buen hacer de tres personas que están cumpliendo con su deber, ejerciendo la labor de control a una empresa que tenía unas obligaciones contractuales con el Ayuntamiento que no ha cumplido», ha subrayado la alcaldesa.

Así, ha adelantado que se va a poner el servicio jurídico municipal y cualquier otro medio a disposición de estos empleados públicos. «Están desempeñando su tarea de una forma impecable, con un esfuerzo y una dedicación que son ejemplares y están fuera de toda duda», ha remarcado.

La regidora santanderina ha recalcado «que se han acreditado los incumplimientos» por parte de la empresa, no solo a través de ese trabajo de fiscalización realizado por los servicios municipales, que se plasman en informes de Intervención, Medio Ambiente, jurídicos o de Contratación, sino que también existen «numerosas» sentencias judiciales respecto a este contrato a favor del Ayuntamiento.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Consejo de Estado ha respaldado la postura del Ayuntamiento, avalando las acciones que se han venido llevando a cabo ante los incumplimientos por parte de la empresa y refrendando la conveniencia de resolver el contrato y aconsejando, además, retener la garantía, liquidar el contrato y determinar los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, acciones que se llevarán a cabo con la mayor agilidad posible.

Igual ha recordado que ya en los años 2014 y 2015 se impusieron las primeras penalizaciones por déficit de inversión en maquinaria e incumplimientos en materia de personal, que la empresa concesionaria recurrió ante los juzgados, y que, en todos los casos, fueron confirmadas por los tribunales.

Además, desde 2018, se han tramitado otros 21 expedientes de penalización por el deficiente estado de mantenimiento y limpieza de papeleras y contenedores, la falta de funcionalidades de la plataforma de gestión del servicio o el retraso en la implantación del servicio de atención al ciudadano, como resultado de los informes que ha ido emitiendo la empresa de control.

En la mayoría de estos casos, la concesionaria también presentó recursos judiciales que, de nuevo, vinieron a constatar la realidad de los incumplimientos. «Desde 2005 hasta 2020 los tribunales de justicia han dictado más de una decena de sentencias en relación con el contrato de basuras y, en todas y cada una de ellas, se han confirmado los incumplimientos indicados por los técnicos municipales. Tal es así que, a día de hoy, ya son firmes penalizaciones que alcanzan un importe total cercano al medio millón de euros», ha detallado.

DIEZ PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ABIERTOS

A este respecto, ha explicado que actualmente, se encuentran abiertos otros diez procedimientos judiciales, dado que la persistencia de los incumplimientos afecta a la facturación del contrato, mes a mes.

En este caso, los pronunciamientos de los juzgados se refieren, únicamente, a la solicitud que ha hecho la empresa para que se paralicen temporalmente esas deducciones de cantidades y solo en uno de ellos se ha admitido la suspensión de los efectos del acuerdo, pero se ha exigido a la empresa el depósito de una fianza o garantía. En cambio, en los demás casos los juzgados han denegado, directamente, la medida cautelar solicitada por la UTE.

«PRUDENCIA Y PROPORCIONALIDAD» DEL AYUNTAMIENTO, SEGÚN IGUAL

La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado «con absoluta prudencia y proporcionalidad» durante estos años: apercibiendo a la concesionaria de sus incumplimientos para que los corrigiese; imponiendo después –«con la misma intención de que fueran corregidos».- penalizaciones en las que la empresa ha tenido la oportunidad de plantear las alegaciones que ha considerado oportunas; detrayéndole posteriormente cantidades en cada una de las facturas por los servicios que no ha prestado.

Y, finalmente, tras «agotar todos los mecanismos a su disposición para tratar de enderezar la prestación del servicio», tramitando y acordando la resolución del contrato.

La regidora santanderina ha explicado que, al no lograr que la empresa cumpliera con sus obligaciones y ante la persistencia y el carácter sustancial de los incumplimientos, el Ayuntamiento tuvo que optar por resolver el contrato.

A este respecto, ha recordado que, una vez analizadas las distintas alternativas para continuar prestando este servicio –de carácter indispensable y esencial– tras la resolución del contrato vigente, se ha optado por la contratación de emergencia, dado que «ha quedado acreditada la imposibilidad» de que sea el propio Ayuntamiento el que lo preste y también la improcedencia de que continúe a cargo de la empresa con la que se ha resuelto el contrato por incumplirlo.

«Ahondar en el deterioro del servicio, permitiendo que quien ha provocado esa situación, permanezca sin contrato ejecutando las prestaciones, no resulta una solución acorde con el interés público, y así lo hemos entendido», ha recalcado Igual.

Por este motivo, y con el fin de dotar de la mayor objetividad a este proceso, se ha utilizado como criterio el resultado de la anterior licitación, de manera que el Ayuntamiento se ha dirigido a la empresa que presentó la segunda oferta mejor valorada, que fue Cespa, a la que se adjudica el servicio durante el tiempo indispensable para la licitación, adjudicación y formalización de un nuevo contrato, un proceso que se agilizará al máximo posible.

«Hemos dado, en todo momento, pasos firmes, que se han visto respaldados por los tribunales y por el Consejo de Estado, para conseguir el objetivo que buscamos desde el principio: que Santander cuente con los máximos estándares de limpieza y se acabe con una situación de deterioro en el servicio que no solo han constatado los técnicos municipales y los responsables políticos que estamos al frente del Ayuntamiento sino que es objeto de críticas y quejas habituales tanto por parte de los grupos de la oposición como de los ciudadanos», ha resumido la alcaldesa.