Tribunal de Cuentas presenta hoy su informe de partidos de 2016, que detectó deficiencias generalizadas

El Tribunal de Cuentas presentará este lunes en el Congreso su informe sobre partidos políticos correspondiente a 2016, en el que detectó deficiencias generalizadas en la contabilidad que le ofrecen hasta el punto de cuestionar su representatividad.

El informe, que aún no incluía a Vox por ser anterior a su entrada en el Congreso, se aprobó en julio de 2020 bajo la Presidencia de María José de la Fuente y de la Calle, pero será su sucesora, Enriqueta Chicano, quien lo presentará este lunes ante la Comisión Mixta de relaciones con las Cortes.

En total, han pasado cinco años desde que los partidos presentaron sus datos hasta que el informe va a llegar al Parlamento, aunque el retraso en su presentación es atribuible a las Cortes Generales. Precisamente esta semana la institución ha aprobado el informe anual de 2017, también con un considerable retraso que el Tribunal atribuye a la celebración de elecciones cuyo examen es prioritario y obliga a parar la fiscalización anual.

En concreto, el informe de 2016 señala que la práctica totalidad de los partidos (todos salvo dos) presentaron salvedades que inciden, en mayor o menor medida, en la representatividad de sus cuentas, hasta el punto de que en diez casos, el fiscalizador ha considerado que las mismas no reflejan adecuadamente su situación financiera y patrimonial.

También se observaron limitaciones al alcance de la fiscalización en ocho formaciones que no habían integrado la contabilidad electoral de parte de su organización o de algunos partidos coaligados o federados.

En 2016, los partidos recibieron subvenciones para su funcionamiento, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 236,69 millones de euros; y subvenciones para sufragar los gastos de seguridad, por un total de 2,79 millones de euros. También percibieron 67,59 millones en concepto de subvenciones electorales.

GRUPOS INSTITUCIONALES

Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que hicieron a los partidos sus grupos institucionales. En concreto los partidos recibieron 68,24 millones de las subvenciones percibidas por sus grupos las Cortes Generales o las asambleas autonómicas, lo que supone un promedio del 72% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Además, los grupos políticos en las entidades locales aportaron a sus respectivas formaciones un total de 35,62 millones de euros.

Una de las recomendaciones tradicionales del tribunal tiene como objetivo precisamente que se integre en las cuentas anuales consolidadas la actividad desarrollada por los grupos institucionales, para poder tener una imagen fiel de cada formación considerada «como una única realidad económico-financiera».

Además, el fiscalizador pide reformas legales para especificar mejor las condiciones y requisitos para que los grupos institucionales puedan hacer aportaciones a sus partidos y señala que éstas deberían responder en todo caso a la finalidad de la dotación económica que se les asigna, es decir, el cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tiene atribuidas.

IRREGULARIDADES EN LA FINANCIACIÓN PRIVADA

Los recursos privados contabilizados por las formaciones políticas representaron en 2016 un total de 58,49 millones de euros, siendo la cuantía más importante la correspondiente a las cuotas y aportaciones de afiliados, con un saldo de 21,65 millones. Las aportaciones de cargos públicos supusieron 20,10 millones y las donaciones privadas 5,04 millones.

Además, el tribunal detectó incumplimientos susceptibles de constituir una irregularidad sancionable por haber recibido donaciones de personas jurídicas en cuentas bancarias de su titularidad, por no haber identificado los cargos públicos o los donantes que han realizado aportaciones, y por haber recibido ingresos que pueden constituir actividades de carácter mercantil.

También se apreciaron otros incumplimientos respecto a la legalidad de los recursos públicos y privados, que no estaban tipificados como infracciones del citado artículo, tales como la falta de apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; el ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones en cuentas bancarias no específicas para tal fin; así como el ingreso directo de las asignaciones concedidas a los grupos políticos en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.

En lo referente a las obligaciones de transparencia, cinco formaciones políticas no publicaron en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2016, o bien lo habían hecho de forma incompleta. Asimismo, tres formaciones no publicaron el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.